El futuro de las centrales nucleares en España

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Francisco Castejón, Coordinador del MIA y portavoz de Ecologistas en Acción.
Francisco Castejón, Coordinador del MIA y portavoz de Ecologistas en Acción.

La energía nuclear es peligrosa, sucia y cara. Es peligrosa porque se producen accidentes como los de Chernobil (1986) y Fukushima (2011). Estos accidentes son improbables pero catastróficos, pues el riesgo es enorme. La probabilidad real de accidente parece ser 20 veces mayor que la predicha por los cálculos teóricos. En el caso particular de España, la baja cultura de seguridad demostrada por los propietarios en algunos incidentes y la falta de independencia política del Consejo de Seguridad Nuclear agravan la situación e incrementan el riesgo.

La energía nuclear es sucia por la generación de residuos radiactivos peligrosos durante cientos de miles de años. Se calcula que las centrales españolas generarán unas 7000 Tm de residuos si funcionan 40 años. No existe aún solución satisfactoria para la gestión de estas sustancias y los intentos de construir cementerios nucleares se han encontrado con fuerte oposición social y política de tal forma que todos ellos han fracasado, desde el primer intento en 1985. En la actualidad existe un proyecto para construir un Almacén Temporal Individualizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), que se quiere construir en unos terrenos inadecuados y está paralizado por la falta de declaración de impacto ambiental y de Plan Urbanístico, además de que la Junta de Castilla-La Mancha ha protegido los terrenos.

El problema no tiene fácil solución pues se trata de convencer a unas comunidades de que acepten, a cambio de dinero, una instalación que aumenta el riesgo en sus vidas y que ahuyenta otras actividades económicas. El que los procesos de selección de los emplazamientos candidatos al cementerio nuclear se hagan sin transparencia, debate y participación ciudadana, no ayuda a la aceptación. Las remuneraciones que otorga a la zona ENRESA, la empresa pública de los residuos, tampoco ayudan, porque se limitan a los pueblos en un radio de 10 km en torno a la instalación olvidando a las otras localidades que también están afectadas, por ejemplo, por lo s transportes. Y el problema no acaba aquí, dada la indefinición que existe sobre el destino final de los residuos de alta cuando las formas de gestión temporales que se ponen en marcha caduquen. Ante el retraso del ATC, todas las centrales tienen ya ATIs (Almacenes Temporales Individualizados) o planes para construirlos, salvo Vandellós II. Los casos más recientes son el de Cofrentes (Valencia), que acaba de iniciar el trámite para el licenciamiento de su ATI, y el de Almaraz, cuyo proceso de licenciamiento violó la legalidad internacional al no tener en cuenta a Portugal. El caso de Almaraz ha motivado la participación de numerosos grupos políticos y sociales portugueses en la petición de su cierre.

La nuclear es cara porque un reactor nuevo con los niveles de seguridad exigidos tras los accidentes de Chernobil y Fukushima cuesta unos 9.000 millones de euros, tal como se está viendo en la construcción del reactor finlandés de Onkalo. Estas enormes inversiones son una dificultad insalvable para la construcción de nuevas centrales. No obstante, como la energía nuclear está subvencionada, las centrales amortizadas producen enormes beneficios para sus propietarios en el mercado eléctrico español en que el precio se decide en subastas marginalistas.

Vistos todos estos inconvenientes, cuesta explicarse por qué se desarrolló la energía nuclear. De hecho, la primera central nuclear en EEUU, que data del año 1954, tuvo serios problemas para entrar en funcionamiento porque ninguna empresa aseguradora quería cubrir el riesgo que entrañaba. Fue necesario establecer la ley Price-Anderson que limitaba las indemnizaciones que cobrarían los que sufrieran los efectos de accidente nuclear. Esta limitación persiste en nuestros días y el protocolos, como el de París que limita las indemnizaciones por daños a terceros en 1200 M €. La motivación para impulsar las centrales nucleares fue aprovechar las tecnologías militares desarrolladas en la 2ª Guerra Mundial. Hoy en día todavía persiste el intercambio tecnológico entre la nuclear civil y militar en algunos países.

Pero es que, además, la energía nuclear supone un freno para el avance de las renovables. Las centrales nucleares no se regulan bien y les cuesta mucho tiempo apagarse, por lo que no pueden convivir con un parque con una cantidad grande de renovables, cuya característica es la intermitencia. El mantenimiento de la potencia nuclear supone un freno para extensión renovable. La decisión que se tome sobre el futuro nuclear va a marcar el modelo energético español durante las próximas dos décadas.

Un problema adicional desde el punto de vista de la seguridad es que, según cumplen años, las nucleares en general son más peligrosas porque se degradan sus componentes. Cuando más rentables son para las compañías eléctricas es cuando los diferentes sistemas de operación y de seguridad están más degradados. Lo sensato sería establecer un calendario de cierre escalonado. Proponemos ir clausurando las centrales nucleares según expiren sus permisos de explotación, empezando por los dos reactores de Almaraz. Esta propuesta está ajustada a derecho, lo que evitaría que las compañías propietarias reclamen lucro cesante; pero además da el tiempo suficiente para reajustar la red eléctrica e instalar nueva potencia renovables y para tomar medidas de ahorro y eficiencia, lo que permitiría sustituir fácilmente la potencia nuclear, sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y sin un aumento del precio de la electricidad. Las tecnologías renovables han reducido mucho su precio y la energía fotovoltaica es ya competitiva en el mercado eléctrico español y con pocas medidas de apoyo y la retirada del “impuesto al sol” podemos tener un crecimiento de la potencia renovable suficiente para prescindir de la potencia nuclear.

Para limitar el impacto del cierre sobre las economías locales, es necesario poner en marcha planes de desarrollo alternativos mediante la participación ciudadana y de los principales agentes sociales y políticos. De entrada, casi todos los puestos de trabajo directos se mantendrán durante el desmantelamiento, que puede durar dos décadas. Los planes pueden financiarse con el dinero que ENRESA que debería otorgarse por concurso a los mejores proyectos.

Francisco Castejón es Coordinador del MIA (Movimiento Ibérico Antinuclear) y portavoz de Ecologistas en Acción.

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