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Hace tan solo dos años que el Gobierno aprobó el canon hidráulico, un impuesto que grava en un 22% la generación de las centrales hidroeléctricas de “las cuencas intercomunitarias”. Sin embargo, debe de ser insuficiente porque el pasado viernes el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley 10/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y con el que se vuelve a aumentar la presión fiscal sobre esta tecnología hasta el 25,5%.

“No estaba en la Agenda, nadie se esperaba esta medida, así que creemos que será transitoria, por la situación de sequía que sufrimos este año” señalan fuentes de UNESA.

Así es. Tal y como aparece en la exposición de motivos, la sequía es la principal razón por la que se va a aplicar este nuevo Real Decreto-Ley: ‘El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el 1 de mayo representa en torno a un 13% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo. A fecha 1 de mayo, la reserva hidráulica peninsular, se situaba en un 56%, notablemente inferior a la media de los últimos 5 años (74,2%) y a la de los últimos diez años (70%)’.

Y como ‘las situaciones de sequía hidrológica están afectando, en muchos casos, al nacimiento y el normal desarrollo de los cultivos de secano, así como a los cultivos de regadío […], bien por insuficiencia del agua embalsada para atender la demanda de riego, bien por la reducción de precipitaciones que ha afectado a las reservas en los acuíferos que proporcionan el agua de riego’, el Gobierno ‘considera necesario adoptar un conjunto de medidas, con carácter urgente, destinadas a paliar los efectos de esta importante adversidad climática’.

“Es una medida claramente recaudatoria”, señalan fuentes del sector eléctrico, “se recaudará menos de las centrales hidroeléctricas porque al haber menos agua funcionarán menos, y cabe sospechar que este aumento del impuesto tiene otro objetivo, el meramente recaudatorio para cubrir los costes de los recursos internacionales a los que España va a tener que hacer frente”.

La normativa mantiene las partidas a las que se va a destinar esa recaudación. El 2% será considerado ingreso del organismo de cuenca, y el 98% restante se ingresará en el Tesoro y será destinado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a “actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico”, pero rebaja la exención del impuesto a la minihidráulica, a las instalaciones de potencia igual o inferior a 50 MW, que estaba en el 90% y lo aumenta hasta el 92%.

De los casi 20.000 MW de potencia instalada que existe en España, según datos de REE, unos 2.100 MW corresponden a minihidráulica, según la asociación APPA, lo que supone que de pagar un canon del 2,2%, a partir de ahora se reducirá hasta el 2,04%.

Para las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo se mantiene en la reducción del 90%, con lo que pagarán un 2,55%.

Cuando se aprobó el canon en 2015 el Gobierno preveía rebajar en unos 300 millones de euros el déficit de tarifa entre los ejercicios 2013 y 2015, pero con esta subida del impuesto hasta el 25,5% “podría aumentar en unos 30 millones de euros más, si no mejoran los recursos hídricos de las cuencas, si a lo que nos enfrentamos es a un año especialmente seco estaríamos hablando de unos 20 millones de euros, y si empieza a llover a partir de septiembre, podría rondar los 40 millones”, señalan las fuentes.

Las eléctricas más afectadas por esta decisión son Iberdrola, que posee 8.847 MW de capacidad hidroeléctrica, seguida de Endesa, con 4.759 MW, y de Acciona, con 888 MW.

“Parece una decisión que se ha tomado rápidamente, que podría haber salido desde el Ministerio de Hacienda o de Energía, alguien que en un momento dado se le ha ocurrido y todos lo han dado por bueno sin pensárselo mucho, pero veremos las consecuencias que trae, porque hace dos años provocó decenas de recursos ante el Tribunal Supremo“, concluyen las fuentes, “porque lo que está claro que ante un Real Decreto-Ley no se puede hacer otra cosa”.

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