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El Gobierno ha pedido al Tribunal Supremo que anule la sentencia en la que decidió que las eléctricas no deben sufragar el bono social, una rebaja en el recibo de la luz para los hogares con ciertos requisitos, y ha urgido a las administraciones implicadas a iniciar un diálogo para combatir la pobreza energética.

Lo ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la primera sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que ha se ha tenido que enfrentar a dos preguntas de la oposición tras la muerte la semana pasada de una anciana en Reus (Tarragona) que desde hacía dos meses no tenía luz en su hogar.

La mujer, de 81 años, murió en el incendio provocado por una vela que utilizó para alumbrarse, un hecho por el que el ministro ha expresado su pesar porque “lo lamentable” es que se podría haber evitado ya que esa vivienda no debería tener el suministro de luz interrumpido.

En este sentido, Nadal ha afirmado que la ley autonómica catalana prohíbe el corte del suministro eléctrico a las personas más vulnerables, y que, además, existe un fondo autonómico y otro municipal dotados para este tipo de situaciones.

El Ayuntamiento de Reus ha anunciado hoy que abrirá expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos más necesitados, en cumplimiento de la citada ley catalana.

Los senadores de Podemos y PSOE, María Pilar Garrido y Nemesio de Lara, respectivamente, han recordado que la pobreza energética mata y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida y la dignidad de las personas.

Por su parte, el senador socialista ha urgido al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque “el frío no envía heraldos” y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las eléctricas no deben sufragarlo.

“Como la sentencia lo ha dejado sin financiación, hemos planteado un incidente de nulidad, la acataremos pero hemos recurrido”, ha respondido Nadal, quien ha subrayado que la dotación del bono social no debe corresponder ni al Estado, ni tampoco a los consumidores.

Este paso del Gobierno es el previo y necesario para, posteriormente, poder pedir amparo al Tribunal Constitucional.

Ha recordado el ministro que el bono social “es muy importante” porque se benefician de él 2,4 millones de hogares, lo que supone más de siete millones de personas.

El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro.

Nadal ha propuesto un diálogo entre los grupos políticos, así como con las administraciones locales y autonómicas para llegar a un acuerdo que incluya varias medidas como prohibir el corte del suministro eléctrico a las personas más vulnerables.

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