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El informe presentado por un equipo de siete personas del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y la Universidad de Harvard sobre lo ocurrido en septiembre de 2013 el almacén de gas Castor le ha costado al Gobierno 600.000 euros y tan solo se ha tardado un año en elaborarse.

En el que concluyen que hay un riesgo sísmico muy elevado si se reiniciarán las actividades, tanto como terremotos de magnitud 6,8 en la escala Ritcher, pero que los estudios previos que se realizaron antes de la construcción del almacén cumplieron con los estándares de la industria. “Los métodos anteriores eran muy sólidos al igual que la integración en los resultados, pero tal y como se hacía antes era muy difícil llegar a las conclusiones a las que hemos llegado hoy”, explicaba Rubén Juanes del MIT.

Sin embargo, es sorprendente que, según han confirmado ellos mismos, no han realizado ningún trabajo de campo, “no hemos acudido a la plataforma Castor, todos los datos que hemos utilizado han sido los proporcionados por Enagas y Escal UGS, que nos han facilitado la información para poder realizar el estudio”, añadía Juanes, “lo novedoso de este informe es que hemos utilizado nuevos paradigmas, acoplando toda la información geofísica, geológica y geomecánica para poder cuantificar las incertidumbres del estrés y la desestabilización sufrida en la zona”.

En definitiva, 600.000 euros para que siete investigadores crucen los datos que las empresas promotoras de la infraestructura les han facilitado y que de faltar alguno, o de necesitar otro diferente, podría no haberse incluido en las conclusiones finales. Una duda que se ha generado en la presentación del informe y a la que no han sabido dar respuesta los propios investigadores.

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