ERC exige desmantelar Castor y paralizar la indemnización hasta que acabe la investigación

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Panorámica del almacén de gas Castor construido por Escal, filial de ACS. FOTO: ACS
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Plataforma del almacen subterráneo de Castor. FOTO: EFE
Plataforma del almacen subterráneo de Castor. FOTO: EFE

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) exige al Gobierno que desmantele “total e inmediatamente” el almacén submarino Castor, cerrado desde hace meses por los movimientos sísmicos que la inyección de gas provocó en la zona del Levante español, y que paralice el pago de la indemnización a los promotores del proyecto al menos hasta que concluya la investigación judicial, que debería acompañarse de la creación de una subcomisión en el Congreso.

Así se recoge en una proposición no de ley que los independentistas catalanes defenderán ante el Pleno de la Cámara Baja, y que recoge Europa Press. En su texto, ERC reclama al Ejecutivo que “desmantele total e inmediatamente las instalaciones” y que “restaure la zona afectada por las instalaciones marítimas y terrestres”.

Además, pide conocer la auditoría económica y los informes encargados a organismos exteriores que el Consejo de Ministros usó para decidir qué hacer con el almacén hace unos meses, a partir de los cuales se determinó que mantener Castor abierto suponía un coste mayor que indemnizar a los promotores de la inversión y cerrar las instalaciones.

Por otra parte, Esquerra quiere que se pongan “todos los medios posibles al servicio de la Fiscalía de Castellón” para que realice su investigación “con celeridad y eficacia”, y considera que mientras duren estas pesquisas y en tanto en cuanto una subcomisión en el Congreso no haya “determinado las responsabilidades políticas y técnicas, así como la responsabilidad de pagar la indemnización y la cantidad que se debe abonar”, se debe paralizar dicho pago.

A principios de octubre, el Gobierno decidió hibernar el almacenamiento con un coste de 1.350 millones en indemnizaciones a la empresa promotora Escal UGS, importe que asumirá en un primer momento Enagás y que posteriormente se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas que pagan los consumidores.

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