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España tiene que coger el toro por los cuernos. Es la hora, probablemente un poco tarde, para afrontar la transición energética. En la puesta de largo del ministro Álvaro Nadal, tuve un pequeño y escaso encuentro con el ministro en el que me repitió en varias ocasiones: “Ramón (me acababa de conocer), transición energética, transición energética”.

Lo sabía desde que le nombraron ministro. Su objetivo para esta legislatura es sacar adelante la transición energética. También tendrá algo que ver lo que le imponen desde Bruselas, es decir, que tenga para enero de 2018 el borrador de la estrategia energética para 2030 y más allá. Un documento que tendrá que ser aprobado y llevado a Bruselas ratificado en 2019.

Pero el ministro, por unas cosas u otras, no acaba de arrancar con esa transición energética. Y estamos casi en agosto de 2017. Quedan cinco meses para llevar a la Comisión Europea algún documento que muestre las líneas maestras de esa transición energética.

El tiempo es el que hay. Cinco meses. Para ello, y tratar de quedar bien con todos, el Gobierno ha creado una Comisión de Expertos, 14 miembros nombrados por el propio Ministerio de Energía, los partidos políticos, la patronal y los sindicatos.

Miembros elegidos por ellos, a dedo. Y como en casi todo, hay ejemplos varios. Desde miembros con claro signo político como Atienza (PSOE), o los nombrados por el Gobierno (Ignacio Grangel) o muy cercanos a sus tesis como los nombrados por Unidos Podemos, ERC y el PNV, y luego hay expertos más independientes como Pedro Linares, nombrado por Ciudadanos.

Luego suceden cosas extrañas como lo del Grupo Mixto. Supuestamente tenían que haber nombrado a algún experto. Pero no se han enterado de nada, no han propuesto a nadie y debería haber un experto elegido por ellos. Ninguno de los partidos del Grupo Mixto saben nada. Algo increíble para estas alturas de partido. Lo pueden leer mejor en El Cortocircuito.

Uno de los fallos que achacan los partidos a la creación de esta Comisión de Expertos es que el Gobierno se ha saltado a la torera lo que se había acordado en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados. El PSOE, con el apoyo del PP, habían pactado la creación de un grupo de expertos, elegidos por todos los partidos con representación parlamentaria y que no tuviesen relación con los partidos políticos, que fuesen lo más independientes posible. Esa propuesta la recogió el Gobierno, pero no lo ha hecho como se había pactado en el Congreso.

Al final, el Gobierno elige a cuatro, cada partido a uno (siete en total) y otro para los dos grandes sindicatos y la patronal. En total 14. Por cierto, que ninguno de ellos es mujer.

Y claro, se ha montado cierto revuelo por la creación de esta Comisión de Expertos. El Gobierno no ha contado ni con el PSOE. Al que ni ha llamado para ver a quién elegían. Los socialistas entregaron al Gobierno una terna, tres nombres (Atienza, Domingo Jiménez Beltrán y Natalia Fabra), pero no para que nombraran a uno, sino para que se tuviesen en cuenta para lo que se aprobó en el Congreso. Al final el Gobierno ha tendido la mano a Atienza, que por cierto está un poco descolocado con todo esto.

Capítulo aparte es el de los sindicatos. Han mareado la perdiz con los nombres. No quieren decir cuál es su propuesta como es el caso de UGT. Se creían que los nombres no se iban a hacer públicos. Algo que demuestra que ni se han leído el Real Decreto del Gobierno de creación de la comisión.

Otra de las grandes quejas procede del propio sector energético, ya que la Comisión de Expertos cojea bastante en cuanto la representación de afectados por una transición energética. La mayoría de los miembros elegidos, por no decir todos, están más relacionados con la electricidad que con otros sectores como el petróleo, el gas natural o la eficiencia energética.

Sin embargo, hay dos hombres de Red Eléctrica (Duvison y Grangel), uno de Iberdrola (De la Fuente O’Connor), un expresidente de Carbunión como Lapastora, o expertos en nuclear como Javier Arana, sin olvidar los más cercanos a las renovables como Sáenz de Ormijana, Josep Salas o Cristóbal Gallego.

Luego para defender los intereses de la industria, gran consumidora de electricidad, está Guillermo Ulacia, incluso también de la cogeneración.

Pero de los expertos en gas natural y petróleo nadie se ha acordado. Como tampoco de los ecologistas, que siempre tienen que decir algo al respecto de ello, o los consumidores, los que siempre salen perdiendo cada vez que se regula el sector.

“Está totalmente sesgada la comisión”, dicen fuentes del sector.

Supuestamente, este viernes aprobará el Gobierno su creación definitiva con los 14 nombres que les hemos informado. Y se pondrán a trabajar para tratar de crear un informe que explique cuáles son las consecuencias de elegir un camino u otro para llevar a cabo la transición energética. Tengan seguro una cosa. Se haga lo que se haga, va a tener un coste.

El ministro Nadal aboga porque sea el mínimo. Antepone la sostenibilidad económica del sistema antes que la sostenibilidad ambiental del mismo. Lo primero es cuadrar las cuentas, luego ya veremos si se hace o no lo que se tenga que hacer. Pero el rumbo lo ha fijado la Unión Europea con la ratificación del Acuerdo de París.

Al final, las cosas que se hacen deprisa y corriendo no suelen tener un buen fin. Puede haber suerte. La Comisión de Expertos ha nacido con deficiencias. Ha sido un caos, la mitad no se han enterado bien de lo que tenían que hacer, otros se muestran contrariados por lo que ha hecho el Gobierno, los que están porque están y los que no porque no están. Al final muy pocos están contentos con todo esto.

Suerte a los 14 expertos, tendrán un duro trabajo durante estos cinco meses. Y si no se han tomado ya vacaciones, que sepan que se han quedado sin ellas. Valor, y al toro.

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