La Diputación Foral de Álava recurrirá ante los tribunales europeos si la central de Garoña se reabre

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Central nuclear de Santa María de Garoña.
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La Diputación Foral de Álava estudia recurrir ante las instituciones europeas la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, enclavada en Burgos pero a unos 40 kilómetros de Vitoria.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha confirmado en rueda de prensa que la institución foral “está analizando todas las posibilidades” si finalmente el Consejo de Seguridad Nuclear aprueba su reapertura.

González ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de “incumplir” la Directiva Europea 2009/71, que establece un marco comunitario para la seguridad de las instalaciones nucleares.

Según ha explicado, la norma obliga a los estados miembro a poner a disposición del público en general la información relativa a la regulación de la seguridad nuclear y a informar a la Comisión Europea de las inversiones necesarias para que la central vuelva a estar operativa.

Dos preceptos que a su juicio se habrían incumplido en este caso por lo que la Diputación podría plantear un recurso.

González ha prometido que hará “todo lo que esté en su mano” para que Garoña no se reabra porque es un “peligro para Álava”

Las “prisas de última hora” del Consejo de Seguridad Nuclear “ahondan” la impresión del diputado general de que “no está existiendo transparencia” en un proceso que “obedece a una decisión política”.

El anuncio de la Diputación se suma al que hace unos días hizo el PSE-EE de Álava, que también comunicó que llevaría a los tribunales europeos una eventual reapertura de la central por sus “problemas de seguridad” y por carecer de una evaluación de impacto ambiental.

El pasado día 25, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear recibió el expediente de la solicitud de autorización de explotación de esta central nuclear (inaugurada en 1971) para prorrogar su vida útil.

En total, consta de 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión, que corresponden a las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo relacionado con esa prórroga.

El pleno del organismo que vela por la seguridad nuclear en España está analizando toda la documentación técnica recibida, un proceso que se prevé que se prolongue algunas semanas.

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