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El viernes, 15 de septiembre, se cierra el plazo para contestar a la consulta pública que ha lanzado el Ministerio de Energía para aprobar un Real Decreto que regule un procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. Un procedimiento que ya está contemplado en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Pero Energía dice que su objetivo es tener una bateria de “medidas que garanticen en todo momento la seguridad del su ministro en el territorio nacional”, según el texto de la consulta pública.

Se basa en el artículo 7. de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, donde se habla de garantía de suministro para todos los consumidores, del derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en el territorio nacional, en los términos establecidos en esta ley y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno.

Pero también es precisamente en esta Ley, en el artículo 53.5. donde se define que el cierre definitivo de una central eléctrica primero deberá contar con el visto bueno del operador del sistema, es decir, REE, al que le hace responsable de aceptar la decisión de la empresa propietaria: “En todo caso, el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro”.

Entonces, ¿para qué este nuevo Real Decreto?

Y después también deberá contar con la aprobación de la administración quien deberá dictar y notificar la resolución en el plazo de seis meses, con lo que incluye la posibilidad de negar su cierre.

“Utilizar la autorización administrativa para que a efectos prácticos el Gobierno pueda decidir qué centrales se mantienen abiertas y cuáles pueden cerrar no puede ser arbitraria”, señalan fuentes del sector, “Energía busca justificar su decisión bajo el paraguas de una consulta pública pero quiere blindarse para que las eléctricas no presionen con el cierre de las centrales nucleares, no para las centrales térmicas porque la posición de Nadal nunca ha sido procarbón, y las está utilizando para tener tranquilos a los sindicatos y a la minería que se sabe que a finales del 2018 cerrará sí o sí”.

Nadal ha dicho en varias ocasiones que el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque es una cuestión que, a su juicio, es competencia del Parlamento y del Gobierno. No es un secreto que se ha encontrado con la oposición de las eléctricas que advierten que con la carga fiscal, sus centrales nucleares están perdiendo dinero, y aún así les ha negado en redondo a rebajarles los impuestos.

“Legalmente este Real Decreto es posible, aunque contrario a un mercado liberalizado y al ‘paquete de invierno’ de la UE, pero ¿qué ocurriría si una eléctrica quiere cerrar una central por motivos económicos, porque está en pérdidas, y el Gobierno no quiere? Una de las opciones sería su nacionalización, algo que ya se ha hecho en otros sectores de la economía, pero ya sabemos las consecuencias, se socializarían las pérdidas, o lo que es lo mismo, pagaríamos esa central ineficiente entre todos los consumidores”, concluyen las fuentes.

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