Monago sigue su cruzada contra el Gobierno por las renovables

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José Antonio Monago, presidente de Extremadura. FOTO: EFE
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José Antonio Monago, presidente de Extremadura. FOTO: EFE
José Antonio Monago, presidente de Extremadura. FOTO: EFE

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, no entiende de disciplina de partido, sino que es más amigo de la coherencia y de defender sus convicciones en todos los órdenes de la vida, y el energético no iba a ser una excepción. Monago ha librado importantes batallas contra el Gobierno de sus compañeros del PP y no se arredra ante las sentencias de los altos tribunales españoles. Si él cree que una norma es injusta, no duda en coger el ariete y arremeter con todas sus fuerzas hasta conseguir echarla abajo. Eso es lo que viene haciendo desde que accedió al poder en Extremadura, y no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Y así lo demuestra en su particular batalla contra Industria a cuenta de la reforma energética.

A finales de julio, el Tribunal Constitucional (TC) declaraba extinguido el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Extremadura contra la disposición transitoria segunda del Real DecretoLey 14/2010, de 23 de diciembre, que establecía medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, y que fijaba las horas equivalentes de referencia para las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica. Un revés importante, pero que no ha paralizado el espíritu combativo de Monago, quien como informaba ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha recurrido ante el Tribunal Supremo la Orden Ministerial que regula los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos.

El Gobierno de Extremadura había recurrido los primeros recortes a las renovables debido a “los perjuicios económicos” que entendía el Ejecutivo de José Antonio Monago que causaba el real decreto al sector fotovoltaico extremeño, y que se cuantificaron en unos 70 millones de euros. El Ejecutivo extremeño señalaba en 2011 que la comunidad se veía “verdaderamente perjudicada” con el régimen transitorio establecido para los años 2011, 2012 y 2013 y con la equivalencia de horas establecida. En concreto, criticaba, entre otras cosas, que su aplicación ponía en equivalencia las horas solares a todas las comunidades y que con ello la comunidad extremeña se sentía gravemente perjudicada al ser una región con mayor número de horas solares.

Batalla constitucional

A principios de 2012, Monago  exigió al Gobierno que buscara “puntos de encuentro” con las autonomías en materia de renovables, porque “las cosas no se pueden hacer a golpe de real decreto”. En aquellas fechas Monago subrayó que podía “entender” que Industria tuviera que “cumplir con el objetivo de reducción del déficit tarifario”, pero que él -como presidente de una comunidad autónoma- tenía que “cumplir otro objetivo” que, no era otro que resolver el problema del paro. Y para ello recordaba al Ejecutivo la importancia en la creación de empleo que suponían  determinadas actividades de las energías renovables, en Extremadura fundamentalmente la solar.

La energía solar, la renovable con mayor desarrollo en Extremadura. FOTO: Elecnor
La energía solar, la renovable con mayor desarrollo en Extremadura. FOTO: Elecnor

La batalla librada desde entonces por Monago en defensa de las renovables ha llevado a la comunidad a presentar al Alto Tribunal otros cuatro recursos de inconstitucionalidad relacionados con el sector energético. El primero fue el citado Real Decreto 14 del 2010 de medidas urgentes para la corrección del déficit de tarifa.  A este le siguieron los recursos contra el Real Decreto 1 de 2012 por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de energías renovables; y contra el Real Decreto 20 de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Gobierno extremeño también ha recurrido al Constitucional el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, por el recorte de las primas a las plantas de energías renovables en funcionamiento; y la reforma energética nacional que plantea el Real Decreto 9 de 2013, aprobada en julio de 2013. Ahora ha recurrido ante el Supremo la orden que fija las retribuciones de las renovables del pasado mes de junio.

Avalancha de recursos

El recurso presentado ahora por el Gobierno de Monago es la punta del iceberg de una avalancha de requerimientos del sector de las energías renovables, de la que ayer se hacía eco cumplidamente el BOE, que recogía hasta un  total de 21 recursos presentados desde distintas instancias del sector ante el Tribunal Supremo. El números de litigios contra el decreto ley de las renovables y la orden ministerial que lo desarrolla y recoge los parámetros retributivos del sector es enorme, y de algunos de ellos se ha hecho eco El Periódico de la Energía. Y ayer, víspera de la fecha límite para recurrir el decreto ley, un auténtico desfile de recurrentes acompañó a la Junta de Extremadura.

Entre los recursos presentados destacan los de varias asociaciones sectoriales, como la de las empresas de energía termosolar, Protermosolar; la que agrupa a todas las energías renovables, APPA; la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines y la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt).

Tampoco faltan destacadas empresas que se suman a los recursos ya presentados por las grandes compañías del sector. Entre ellas figuran Sener, EDP Cogeneración, Fotowatio o Ence Energía. En total, el Alto Tribunal informaba que admitía a trámite más de una veintena de recursos tanto contra el Real Decreto que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, como contra a la Orden ministerial que fija  los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las distintas instalaciones y que establece una “rentabilidad razonable” cercana al 7,5% a lo largo de la vida útil de la instalación, conforme a unos estándares en función de las características de las plantas. Todo un récord de contestación.

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