Piden al Gobierno más bloques de 90 MW en la próxima subasta de interrumpibilidad para salvar a Alcoa

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Planta de Alcoa en Avilés.
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El secretario general del MCA-UGT de Asturias, Jenaro Martínez; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el eurodiputado socialista Jonás Fernández han coincidido hoy en exigir la revisión de la subasta de interrumpibilidad eléctrica que dará comienzo el próximo 14 de noviembre para incluir el máximo número de bloques de 90 megavatios (MW).

El modelo de subasta lleva tres años funcionando, ha dicho Martínez, “y es a todas luces insuficiente para garantizar el futuro de la industria y los puestos de trabajo”, que en el caso de las grandes consumidas de energía dan empleo en Asturias a más de 10.000 personas.

El dirigente sindical ha recalcado que España es el séptimo país más caro de la Unión Europea en energía industrial y un 20 por ciento más caro que la media de los países comunitarios.

La nueva convocatoria de subasta, ha subrayado Jenaro Martínez, prevista para los días del 14 al 18 de noviembre, “es clavada a la del año anterior” en la que empresas como Alcoa no obtuvieron la energía necesaria.

La convocatoria para el servicio de interrumpibilidad, que retribuye a algunas industrias por desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad, plantea una horquilla de entre 7 y 13 bloques de 90 megavatios (MW), que son los que le interesan a Alcoa, por lo que UGT pide ir al máximo posible para que no se quede en los ocho del año anterior.

Dado que ya es imposible cambiar el modelo de subasta por la inminencia de su celebración, Martínez ha hecho un llamamiento a Industria para que amplíe al máximo el número de paquetes de 90 MW.

“No se puede hacer como el año pasado, que salieron a subasta 8 bloques de 90 MW y dejar a empresas grandes consumidoras de energía, como es Alcoa, en una situación de debilidad y por lo tanto poner en riesgo los 400 puestos de trabajo”, ha advertido.

Esa es la petición de UGT a corto plazo, pero además pide “zanjar este tema de una vez por todas buscando un marco regulatorio estable en materia de energía, que lleve a poner un precio estatal competitivo, con una mayor dotación presupuestaria para eliminar la desventaja con los países del entorno”.

“También debería de valorar el Estado la posibilidad de poner de acuerdo a las empresas grandes consumidoras y a las compañías eléctricas para fijar precios competitivos en materia de energía”, ha declarado Jenaro Martínez.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, ha hecho ver que la de Avilés es una de las comarcas más importantes de la Unión Europea en materia industrial, pero ha lamentado “la total ausencia de política industrial que ha habido en este país en los últimos cinco años”.

En su opinión, esa ausencia genera problemas a la hora de resolver el coste de la energía, que impide a las empresas ser competitivas, y ha calificado de “un tanto estrafalaria” la fórmula elegida por el Gobierno Central para la subasta de la energía.

“Si la subasta ya era una mala solución este año en el que hay más competencia porque hay menos paquetes, eso nos pone en una situación de más debilidad todavía”, ha indicado la alcaldesa, que ha recalcado que esto afecta sobre todo a la comarca de Avilés, porque en ella están radicadas tres de las empresas más electrodependientes como son Alcoa, ArcelorMittal y Azsa.

“Sería absurdo que por ahorrar un poco el Gobierno ponga a competir a estas empresas y las ponga en una situación muy delicada, sobre todo a Alcoa”, ha indicado Mariví Monteserín.

El eurodiputado socialista Jonás Fernández ha coincidido con ambos en sus planteamientos y peticiones y se ha referido a las políticas que se llevan a cabo por parte de las instituciones europeas para construir una auténtica unión energética.

Esa unión tiene por objetivo, ha explicado Fernández, dotar de una mayor seguridad a los países miembro frente a las amenazas externas, y cumplir con los compromisos vinculados al llamado Acuerdo de París, en materia medioambiental.

Cumplir con todos estos objetivos, “es un trilema que la Unión espera resolver”, ha indicado el europarlamentario.

Jonás Fernández cree que la nueva legislatura, en la que el Gobierno cuenta con un menor respaldo parlamentario, permitirá ejercer una mayor presión para cambiar las políticas industriales.

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