La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda solicitando que haya "coherencia" entre los objetivos de descarbonización del transporte establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la política fiscal, para no gravar los puntos de carga de coches eléctricos con dos cuotas, una municipal y una nacional, tal como figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
"Este gravamen puede suponer una barrera para el despliegue de una red de recarga de vehículos eléctricos y, por tanto, dificultar el objetivo que el Gobierno expresó a finales de 2020 de implementar 100.000 puntos en cuatro años, como parte de su estrategia para electrificar el parque móvil en España y lograr cinco millones de vehículos eléctricos en 2030", señala el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia.
Tal como explican desde Aedive, la legislación actual recoge que el propietario de un punto de recarga deberá pagar una cuota mínima municipal de 13,56 euros por cada instalación, así como otros 13,56 euros a nivel nacional.
Para la asociación, esta situación "no tiene ningún sentido" y solicita a la Administración que elimine la cuota municipal y que sitúe en coste cero la nacional, al menos durante los primeros tres o cinco años, "con el fin de incentivar la actividad".
Aedive recuerda que el despliegue de infraestructuras de recarga, su instalación, operación y mantenimiento es una actividad que implica un esfuerzo inversor "importante" que están asumiendo las empresas del sector, pero está "lejos de suponer beneficios económicos" para quien la desarrolla.
"Si queremos seguir la estela de los países más desarrollados en movilidad eléctrica y la apuesta del Gobierno por impulsar su crecimiento, debería de haber estrategias coordinadas entre todos los ministerios y establecerse un criterio común para ayudar a cumplir los objetivos marcados", ha añadido Pérez de Lucia.
Entre otros aspectos, el directivo también ha incidido en la necesidad de reducir el IVA a la compra de coches eléctricos y que las ayudas a la adquisición de este tipo de vehículos no tributen como rendimientos del trabajo.
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