Armani (Endesa) cree que la prórroga de Almaraz abre la puerta a revisar el calendario de cierre nuclear

El CEO de Endesa, Gianni Armani, ha considerado que la decisión de prorrogar la vida útil de la central de Almaraz hasta 2030 establece "algunos de los pilares" para una revisión del calendario de cierre del parque nuclear español.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del grupo correspondientes a los nueve primeros meses del año, Armani, que en sus primeras palabras expresó sus condolencias a las víctimas y familiares del accidente ferroviario de esta mañana en la provincia de Toledo, señaló que, a pesar de que la decisión adoptada el pasado mes de agosto sobre Almaraz "cambia solo por unos pocos años la extensión de la vida útil", sí que "establece algunos de los pilares clave para una evaluación futura".

En este sentido, el directivo puso sobre la mesa la revisión del calendario de cierre del parque nuclear que, a pesar de la prórroga para Almaraz hasta junio de 2030, el actual Gobierno ha reiterado que mantiene oficialmente en 2035.

A este respecto, Armani apuntó que en el actual contexto la decisión de prorrogar Almaraz valora que la capacidad firme que representa la nuclear "es estratégicamente necesaria" y que, además, "está menos expuesta a la volatilidad del mercado", aunque también destacó la "enorme carga" impositiva" que impacta sobre una tecnología como la nuclear.

De esta manera, el ejecutivo de la eléctrica consideró que estos "elementos preparan claramente el terreno para una revisión de todo el parque nuclear en España, que vemos que en el próximo año será parte de la discusión con las instituciones".

Los costes para Endesa

Por otra parte, Armani se refirió también al "crecimiento significativo" de los costes de los servicios auxiliares, impulsados en gran parte por la denominada 'operación reforzada' en que opera el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025, y, con una cifra que supera los 4.000 millones de euros a finales de septiembre, estimó que ascenderán a entre 5.500-6.000 millones de euros a finales de año.

"Es claramente un impacto significativo en el que los clientes minoristas han estado protegidos en gran medida por el mercado liberalizado", dijo, aunque subrayó que sí que tiene impacto sobre los consumidores que no tienen contratos a plazo.

Por ello, defendió que, al igual se ha implementado en Portugal, este coste deje de ser variable y volátil y se convierta en un coste regulado. "Siendo este un coste compartido por seguridad que debería ser asumido por todos los consumidores", dijo.