El proceso judicial contra Serguí Kuznetsov, el exmilitar ucraniano acusado de ser el cabecilla del grupo que en septiembre de 2022 supuestamente voló el gasoducto ruso Nord Stream, en el mar Báltico, empezó este miércoles en Hamburgo, en medio de estrictas medidas de seguridad e interrogantes sobre la implicación de Ucrania en el atentado.
La primera vista del mediático caso, que transcurrió durante dos horas en la sala 237 de alta seguridad del Palacio de Justicia Penal de la ciudad del norte alemán, comenzó con la lectura del escrito de acusación de 136 páginas, en el que se imputó a Kuznetsov haber cometido un crimen de guerra, entre otros delitos.
Según la Fiscalía General del Estado, el acusado, que en el momento de los hechos era miembro de una unidad de élite del Ejército ucraniano, lideró un grupo con otros seis integrantes que navegó en un velero alquilado desde Rostock (norte) hasta las inmediaciones de la isla danesa de Bornholm.
Allí, supuestamente, se sumergieron a 80 metros de profundidad para colocar cuatro cargas explosivas provistas de temporizadores en diferentes hilos del gasoducto, destinado a llevar directamente a Alemania gas natural desde Rusia.
Kuznetsov era consciente de que el gasoducto ruso no era un objetivo militar, sino civil, con lo que no constituía un blanco legítimo, argumentó la Fiscalía, que sostiene que Alemania tiene jurisdicción en el caso porque el sabotaje afectó sus intereses estratégicos.
A continuación, el equipo de letrados del acusado -el cual no realizó declaraciones- pidió sobreseer la causa, por considerar entre otros motivos que Kuznetsov "tiene las manos atadas" y no puede defenderse libremente, al haber sido un militar el momento de los hechos.
La defensa no admite su implicación en la voladura, pero al mismo tiempo sugiere que, si ésta fue realmente una operación de unas fuerzas armadas contra un objetivo enemigo en un contexto de guerra, no se le podría exigir a un oficial una responsabilidad penal.
Ante las puertas del Palacio de Justicia, que albergará la próxima vista el 28 de octubre, un pequeño grupo proucraniano se manifestaba con pancartas que rezaban "Rusia es terrorista", mientras que algunos miembros del partido izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) reclamaban, por el contrario, la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el ataque.
Tanto BSW como la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que comparte esta petición, defienden que no sólo el Gobierno debería poner fin a la ayuda a Ucrania, sino que además debería reclamarle una compensación por el sabotaje, que puso en peligro la seguridad energética alemana, según argumentan.
Implicaciones para la ayuda a Ucrania
El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, admitió este miércoles que el proceso, que se prolongará por lo menos hasta el próximo mes de febrero, ha dado lugar a muchas "especulaciones", pero afirmó que como miembro del Ejecutivo su deber es aguardar con respeto a que se pronuncie la Justicia.
Sea cual sea el resultado, el Gobierno lidiará con él y "lo tendrá en cuenta en los cálculos políticos", aseguró Wadephul en una rueda de prensa en Berlín con su homóloga búlgara, Velislava Petrova-Chamova.
Para Wadephul, lo "determinante" es que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha negado la implicación del Estado ucraniano en el atentado.







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