La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda.
El operador del mercado, Red Eléctrica, es el encargado de llevar a cabo las reducciones de potencia a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria. Además, la compañía controlada por la SEPI es la encargada de dirigir las subastas, un nuevo sistema de asignación creado el año pasado que es mucho más eficiente que el de otras ocasiones. (Ver vídeo)
Comenzó en 2007 y en estos ocho años no se ha tenido que utilizar tanto como se esperaba cuando se creó. La sobrecapacidad del sistema eléctrico español hace que no haga falta que la gran industria deje de consumir, aun así cientos de millones se han destinado a las fábricas electrointensivas para que sean compensadas por sus servicios.
A día de hoy se destinan 550 millones de euros. Esta es la cifra tope marcada por ley. En años anteriores se destinaba más dinero, unos 700 millones al año aproximadamente. Este recorte no sentó bien en el seno de la gran industria. Les toca menos dinero, pero los consumidores lo agradecen ya que esta cantidad se mete directamente en costes fijos del sistema que se pagan vía tarifa.
Desde 2012 no se tiene que utilizar este servicio. La fuerte caída de la demanda hacía imposible activarlo. A pesar de ello, las industrias han recibido el dinero todos los años. Es una especie de reducción de la tarifa para la gran industria. Te doy 550 millones y compensas lo que pagas por la electricidad. Pero, ¿si no se utiliza realmente el servicio porque se siguen dando los 550 millones? Según expertos en este complejo servicio, el dinero destinado es como si fuese un seguro. Se da este dinero por un servicio, que a lo mejor se da pero también podría no hacer falta como así ha ocurrido en los últimos años. Y de paso se tiene contenta a la industria, a costa del bolsillo de todos los españoles. El coste sería de unos 12 euros per cápita si contamos a todos los españoles, pero la cifra es superior si solo se tiene en cuenta a los 28 millones de consumidores. Casi 20 euros al año.
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