Brasil, tras las elecciones: el desarrollo de los centros de datos dependerá ahora de la ejecución de las políticas públicas

Con el proceso electoral ya resuelto, la continuidad del actual Gobierno durante los próximos cuatro años y la toma de posesión de un nuevo Congreso prevista para febrero, Brasil afronta una etapa decisiva para consolidar su estrategia de desarrollo de centros de datos. El principal desafío ya no reside tanto en el diseño de nuevas políticas como en su aplicación efectiva, que exigirá una estrecha coordinación entre el poder legislativo y el ejecutivo, según Rystad Energy.

A diferencia de otros ámbitos de las tecnologías limpias, cuyas medidas pueden impulsarse mediante decretos y disposiciones de los organismos reguladores, el sector de los centros de datos presenta una mayor complejidad. La atracción de inversiones en infraestructuras de escala hiperconectada (hyperscale) requiere que el Congreso y el Gobierno coordinen los plazos de los incentivos fiscales establecidos por ley con un marco regulatorio que todavía tiene aspectos importantes pendientes de desarrollo.

Redata, una pieza clave para atraer inversiones

En el centro de esta estrategia se encuentra el régimen fiscal Redata (Ley n.º 15.504/2026), aprobado en septiembre con el objetivo de posicionar a Brasil como uno de los principales centros internacionales de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial.

El régimen contempla exenciones fiscales destinadas a facilitar el despliegue de grandes infraestructuras digitales. Sin embargo, estos beneficios no son automáticos ni indefinidos: están sujetos a plazos concretos y al cumplimiento de exigentes requisitos operativos.

Entre las cuestiones todavía pendientes destaca la decisión del Gobierno sobre si la generación eléctrica a partir de gas natural podrá considerarse una fuente de energía de bajas emisiones. También está pendiente concretar aspectos fundamentales como los indicadores de eficiencia energética, los requisitos de contenido local y los mecanismos para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas a los beneficiarios.

Esta incertidumbre regulatoria ya está teniendo consecuencias sobre las perspectivas de inversión. Según la evaluación de riesgos de Rystad Energy, la cartera anunciada de proyectos de centros de datos en Brasil se ha reducido aproximadamente en dos tercios, al pasar de 21 GW a unos 7 GW.

El análisis de riesgos de la consultora también tiene en cuenta la elevada congestión de la red eléctrica y las dificultades para garantizar un suministro energético fiable. Ambos factores incrementan el riesgo asociado al desarrollo de este tipo de infraestructuras y pueden limitar la capacidad del país para competir por grandes inversiones internacionales.

Reformas que necesitan el respaldo del Congreso

Uno de los principales frentes de actuación será la reforma del sistema eléctrico y la integración de los sistemas de almacenamiento mediante baterías.

En este ámbito, el Congreso está acelerando la tramitación del proyecto de ley PL 3716/2026, que plantea redistribuir entre todos los usuarios del sistema los costes de integración del almacenamiento con baterías, actualmente atribuidos a los generadores.

La iniciativa adquiere especial relevancia ante la primera subasta de capacidad que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) prevé celebrar en diciembre. La definición de un marco de costes claro será determinante para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías de almacenamiento y reforzar la estabilidad del sistema eléctrico.

Otras reformas que avanzan desde el Ejecutivo

Mientras algunas medidas dependen directamente de la actividad parlamentaria, otros ámbitos de la transición energética brasileña pueden seguir desarrollándose mediante decisiones del Gobierno y de los organismos reguladores, sin necesidad de nuevas leyes.

Biocombustibles y combustibles sostenibles para la aviación

En el marco del programa Combustible del Futuro (Lei do Combustível do Futuro), las autoridades continúan desarrollando la normativa sobre biocombustibles. Entre las prioridades figuran el aumento progresivo de los porcentajes de mezcla de etanol, las obligaciones de incorporación de biometano y la regulación del combustible sostenible de aviación (SAF).

Estas medidas se están articulando mediante resoluciones del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) y disposiciones de las agencias reguladoras ANP y ANAC.

Hidrógeno

La regulación del hidrógeno también avanza a través del desarrollo del régimen fiscal especial Rehidro. Su aplicación se complementa con las directrices del Ministerio de Hacienda relativas a los créditos fiscales y los incentivos financieros destinados a impulsar el sector.

Energía eólica marina

En el ámbito de la eólica offshore, el Gobierno está preparando decretos presidenciales para establecer el marco de concesión y arrendamiento de áreas marítimas, así como los criterios técnicos que regularán las futuras subastas de proyectos.

Captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS)

Por último, Brasil continúa desarrollando su marco regulatorio para las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Tras la habilitación legal contemplada en la reciente legislación sobre energías limpias, los organismos reguladores están trabajando directamente en la elaboración de normas de seguridad y procedimientos para autorizar el almacenamiento geológico de CO₂.

La ejecución regulatoria, el verdadero reto para Brasil

Brasil dispone de importantes oportunidades para consolidarse como un destino estratégico para las inversiones en infraestructuras digitales y tecnologías energéticas. Sin embargo, el potencial del mercado dependerá de su capacidad para transformar los objetivos legislativos en reglas claras, previsibles y aplicables.

En el caso de los centros de datos, la disponibilidad de electricidad competitiva, fiable y con bajas emisiones será tan importante como los incentivos fiscales. La coordinación entre el Congreso, el Gobierno y los organismos reguladores será, por tanto, determinante para reducir la incertidumbre y recuperar la confianza de los inversores.

Tras las elecciones, el foco pasa de la definición de las políticas a su ejecución. Y de esa capacidad dependerá, en buena medida, que Brasil pueda materializar sus ambiciones de convertirse en un polo internacional de referencia para la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.