Bruselas pone en evidencia la reforma energética del Gobierno

El día 22 de octubre, la Comisión Europea ha dado a España dos meses para completar la transposición de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, cuyo plazo finalizó en junio de 2014. De no hacerlo, elevará la denuncia al Tribunal de Justicia de la UE. El 24 de septiembre, Bruselas abrió otro expediente de infracción a España por incumplimiento de la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios por la no transposición del concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, cuyo plazo finalizó en enero de 2013. Entre ambos expedientes, el 9 de octubre, el Gobierno aprobó el RD 900/2015 de autoconsumo que contiene restricciones que incumplen ambas directivas.

El edificio de consumo de energía casi nulo es aquel que, contando con una alta eficiencia, la energía que requiere la genera in situ o en el entorno, preferentemente con renovables. Es el edificio con autoconsumo. La directiva obliga a los gobiernos a que en 2018 los edificios públicos y a partir de 2020 todos los edificios de nueva construcción y la rehabilitación de los existentes se hagan con estos criterios a través de planes nacionales de edificios de consumo casi nulo con objetivos intermedios para 2015. Nada de esto se ha hecho y el reciente decreto de autoconsumo lo hace casi imposible.

La directiva de eficiencia energética se ha transpuesto de forma caótica e incompleta. Un borrador de RD desde enero de 2014 de auditorías y contabilización de consumos que ya no se aprobará en esta legislatura, el RD 235/2013 de certificación energética, la Ley 8/2013 que establece el informe de evaluación del edificio y el régimen de infracciones y  sanciones para las certificaciones de edificios, el RDL 8/2014 y la Ley 18/2014 que crea el Fondo Nacional de Eficiencia energética y la Ley 15/2014 que establece la contratación eficiente para la administración central. La dispersión de tanta norma para una sola directiva que se ha transpuesto solo a medias es un despropósito y reflejo de falta de voluntad política.

Quedan por trasladar a la legislación nacional aspectos relevantes como son los contadores inteligentes de balance neto y los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración. Pero llueve sobre mojado. Para cumplir la directiva, el Gobierno envió a Bruselas en 2014 el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 en el que no se cita ni el CO2 ni el edificio de consumo casi nulo. También envió la Estrategia para la Rehabilitación energética en el sector de la edificación en la que tampoco se habla del edificio de consumo casi nulo pero se recomienda el gas natural para rehabilitar los entornos urbanos.

¿Por qué esta despreocupación por las directivas europeas?

En la comunicación de la Unión Energética de febrero de 2015 se insiste en que la eficiencia energética es la primera política energética como protección al consumidor, garantizando su participación directa en el mercado eléctrico como generador y parte activa en la gestión de la demanda a través del autoconsumo, el acceso directo al contador y la generación distribuida. En las medidas aprobadas en julio que desarrollan la Unión Energética se ha aprobado un documento sobre buenas prácticas de autoconsumo totalmente opuestas al decreto español. Porque el autoconsumo es ahorro y menos facturación de las compañías eléctricas.

La Ley 24/2013 ha establecido como principal objetivo de la reforma energética la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, pero en realidad solo se trata de la sostenibilidad de los ingresos que necesita el sector eléctrico. A menos ingresos aumenta el déficit tarifario que se carga automáticamente a los peajes que pagan los consumidores que, con la subida del término de potencia, son los que cubren los ingresos del sistema. En este esquema, cualquier política de ahorro de energía rompe la sostenibilidad económica y aumenta el déficit de la tarifa.

Los expedientes que Bruselas ha abierto a España vienen a demostrar la irracionalidad de una reforma energética que no se ha planteado en ningún momento ni la defensa del consumidor, ni la protección del medio ambiente ni la apertura de la competencia. Y todo eso lo cumplen la eficiencia energética y las renovables. Lo irracional es una reforma que debe incentivar el consumo y penalizar el ahorro de energía para satisfacer las cuentas del sector eléctrico sin ninguna transparencia ni equidad.

Las directivas europeas de eficiencia energética están determinando la evolución del mercado y las nuevas necesidades de las ciudades. Bruselas ha iniciado un proceso de evaluación de las dos directivas para sacar nuevas normas que van a insistir en la rehabilitación de edificios cero consumo y cero emisiones mediante el balance neto. Los consumidores españoles mientras, seguirán soportando la falsedad de que el ahorro de energía encarece el recibo de la luz.

Analizando desde las directivas europeas la política contra las renovables, el autoconsumo y el ahorro de energía, la sensación es que la reforma energética ha impulsado un modelo de negocio antiguo, atrasado y caro que necesita la ineficiencia e incentivar el mayor consumo para evitar tener que modernizarse sin arruinarse y sin adaptarse a las nuevas tecnologías de generación que están protagonizando el cambio tecnológico de este siglo. ****

La visión europea de la transición hacia una economía baja en carbono se contradice con las medidas intensivas en hidrocarburos que se han trasladado a las normas españolas, sin tener en cuenta el insostenible coste de la dependencia energética. Si la eficiencia energética es la política más creíble de la Unión Energética, en España es la política más increíble por el contraste entre la oportunidad que representa para las empresas y los hogares el enorme margen de ahorro energético y el injustificable retraso en el cumplimiento de las directivas europeas.

Javier García Breva es asesor en Políticas Energéticas , presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial del Periódico de la Energía.

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