El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado que Canadá establecerá un precio mínimo de 10 dólares canadienses (7,7 dólares estadounidenses) por tonelada de carbono emitida en 2018, que aumentará anualmente hasta alcanzar los 50 dólares canadienses en 2022.
El anuncio de Trudeau se produjo poco antes de que el Gobierno canadiense iniciase negociaciones en Montreal con las provincias del país para establecer un plan nacional de lucha contra el cambio climático.
Varias provincias canadienses habían rechazado imponer precios a las emisiones de carbono.
Trudeau señaló, durante una rueda de prensa, que en las provincias que no pongan en práctica para 2018 políticas para que las empresas paguen por las emisiones de carbono a la atmósfera, "el Gobierno de Canadá implementará un precio en esa jurisdicción".
El primer ministro añadió que el sistema para fiscalizar las emisiones no añadirá dinero al tesoro público y que los ingresos recaudados se quedarán en la jurisdicción que los genere.
Poco después de que Trudeau anunciase su plan para poner precio a las emisiones de carbono, la provincia de Alberta, principal productora de petróleo de Canadá y en cuyo subsuelo se encuentran unas de las mayores reservas de crudo del mundo, se opuso al plan de Trudeau.
La primera ministra provincial, Rachel Notley, declaró que Alberta no apoyará el plan si el Ejecutivo de Ottawa no aprueba la construcción de nuevos oleoductos para facilitar las exportaciones de petróleo.
La provincia de Saskatchewan, cuya economía también depende en gran medida del sector petrolero y minero, también se ha negado a imponer precio al carbono.
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