El Cabildo de Fuerteventura ha presentado un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que avala las prospecciones de la petrolera Repsol en aguas de Canarias. Este lunes, la secretaria del Alto Tribunal ha comunicado al Gobierno de la isla que admitía a trámite el recurso. La cuestión de anulación de la sentencia es un paso más, a la desesperada, del Gobierno canario para intentar que no se lleven a cabo las prospecciones.
Que el Cabildo de Fuerteventura solicite la anulación de la sentencia no sorprende, pero sí su argumentación jurídica, que según varios expertos "tiene pocos visos de salir adelante".
El Cabildo de Fuerteventura dirigió el pasado 23 de julio un escrito al Tribunal Supremo solicitándole que anulara la Sentencia que dictó el 25 de junio de 2014, por la que se decidió desestimar el recurso interpuesto por el Cabildo contra el Real Decreto de 16 de marzo de 2012, que otorgó a Repsol nueve permisos de investigación para perforar el subsuelo marino en Canarias.
En la solicitud de anulación de la sentencia, el Cabildo de Fuerteventura ha planteado al Tribunal Supremo que no podía ni debía dictar la sentencia que hizo pública el día 25 de junio de 2014, sin antes haber consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Cabildo deja clara su escasa confianza en la justicia española y pone en entredicho el trabajo de los jueces del Supremo como si no supiesen administrar justicia o pronunciarse sobre sus competencias.
El Gobierno de Fuerteventura cree que las aguas no son competencia del Estado español ya que se trata de una zona de alto valor ecológico. Según el Ejecutivo canario, por esas aguas transcurren 28 especies de cetáceos, el 33% de las que hay en todo el mundo.
La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, Natalia Évora, recuerda que “decisiones como las de permitir a Repsol hacer perforaciones en busca de petróleo en esta zona trascienden con creces el nivel competencia del Estado español, por afectar o poder afectar a ecosistemas de importancia comunitaria e incluso mundial y por lo tanto se tenía que haber consultado a instancias europeas antes de dictar sentencia”.
Expertos legales confirman a este medio que "si las aguas pertenecen al Estado español, es el Supremo el que se tiene que pronunciar al respecto". Es por ello que el Cabildo recurrió en su día el Real Decreto a este tribunal. "Este argumento se cae por su propio peso", aseguran estos expertos.
Además, las esperanzas del Cabildo pasan porque uno de los jueces cambie de opinión. La sentencia a favor de las prospecciones salió gracias al voto de tres de los jueces. Es cierto que no es unánime, pero las reglas del juego son las mismas para todos. El Cabildo recuerda que dos de los jueces creían que se debía consultar al Tribunal de Justicia de la UE.
Esto confirma que el Supremo estudió en el primer recurso si debería elevarlo a las instancias europeas, y finalmente se decidió que no.
Ahora, tanto Repsol como el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tienen cinco días para presentar sus alegaciones.
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