La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha considerado que el impuesto que prevé aplicar la Comunidad sobre las actividades de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña vayan a perjudicar a otros puntos de Castilla y León en forma de decisiones empresariales de desinversiones.
Preguntada por los planes de su departamento para incluir este impuesto en el próximo proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2018, Del Olmo ha preferido no dar detalles sobre las características que tendrá y la “potencia recaudadora” que estiman, ya que está a expensas de negociarlo con los grupos de la oposición para sacar adelante las cuentas.
No ha aclarado si se tratará de un nuevo impuesto o si se incluirá como un nuevo hecho imponible dentro del impuesto medioambiental que ya tiene en su cartera fiscal la Junta de Castilla y León.
En lo que confía la consejera es en que las decisiones empresariales que pueda tomar una empresa como Endesa, copropietaria de Garoña junto a Iberdrola, se vean condicionadas por este futuro impuesto a la hora de tomar decisiones en otros puntos de la Comunidad, como en el caso de la central térmica de Compostilla, en León, con dudas sobre su continuidad.
“No creo que las decisiones empresariales puedan verse afectadas, porque las empresas deciden pro criterios de rentabilidad económica”, ha resumido Del Olmo, para quien si Endesa compra o no carbón autóctono depende de si le resulta rentable o no, independientemente de la fiscalidad que se aplique en otro proyecto empresarial, en este caso la central nuclear de Garoña.