Cómo debería ser un pacto de Estado en energía (I)

Desde mi sempiterno escepticismo respecto a credibilidad de las declaraciones procedentes de los líderes de la clase política española, veo que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto al PP y al resto de fuerzas políticas entablar un gran pacto de Estado en materia de energía encaminado a abaratar los costes en este ámbito para familias y empresas y a fijar un nuevo modelo más sostenible con el medio ambiente.

Quizás porque desde hace mucho tiempo sostengo la imperiosa necesidad de alcanzar algún tipo de acuerdo al propuesto por el líder del PSOE superando los cortos cuatro años de los periodos electorales, y comprometiendo al arco parlamentario a no utilizar la energía como arma arrojadiza, es por lo que he aparcado mis sentimientos apriorísticos negativos respecto a toda declaración enunciativa de propuestas y he tratado de sintetizar en qué debería consistir un pacto de tal característica.

Recientemente el Club de la Energía ha reflexionado al respecto y de los documentos de trabajo en los que he participado he extraído una lista de temas que deberían formar parte de un gran pacto nacional sobre política energética. El artículo, por su importancia y extensión, lo voy a dividir en dos y esta sería la primera parte.

En España ha habido distintos intentos de definir y realizar estrategias y planificación energética, unos con más fortuna que otros. Sin embargo, en las dos últimas décadas se le ha prestado una atención más bien limitada.  Además, a día de hoy,  las definiciones vigentes de planificación, tanto obligatoria como indicativa, no contemplan suficientemente la realidad energética, y es fácil identificar algunas carencias, siendo la más llamativa la de los estudios de prospectiva que establezcan un marco flexible de opciones y tendencias para definir y analizar escenarios y facilitar las bases de análisis de costes e impactos.

Por tanto, aunque formalmente existen los procedimientos y mecanismos para afrontar los planes de futuro del sector energético español, en la práctica, se han incumplido los plazos fijados para su revisión y reconsideración. Desde hace dos años, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en los aspectos macroeconómicos del sector tales como suturar el crecimiento del déficit tarifario eléctrico.

El reciente sobredimensionamiento de los sistemas energéticos en España debería servir de llamada de atención sobre la necesidad de escrutar el futuro mediante planteamientos altamente objetivos y profesionales. Contar con  orientaciones estratégicas a largo plazo a nivel nacional, se considera además fundamental para que se puedan establecer las bases hacia una estabilidad regulatoria, y para que se den las señales adecuadas para las inversiones futuras que llegarán, sin duda, en los próximos años.

Este vacío estratégico de España, choca con el creciente interés por parte de algunos de los mayores países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Reino Unido, o Estados Unidos,  que están desarrollando  estrategias y políticas energéticas a largo plazo y su diseño planificado, fundamentado, principalmente, en las políticas climáticas derivadas de los compromisos de descarbonización energética establecidos a nivel internacional pero también en la búsqueda de garantía de suministro y de desarrollo de las economías.  Y no se quiere decir con ello que se deba copiarles en su detalle, sino analizar qué se puede aprender de sus experiencias, ya que es evidente que nuestro país no debe permanecer al margen de estos procesos de reflexión y de reorientación, más o menos planificada, de las actividades energéticas.

Las estratégicas energéticas de estos países son en su mayor parte comunes en lo referente a los grandes objetivos generales de seguridad de suministro, competitividad y protección del medio ambiente, aunque con prioridades diversas,   y con importantes diferencias respecto a las acciones y objetivos concretos a alcanzar, pues diversas son las situaciones de partida en lo relativo a recursos autóctonos, interconexiones, posición geoestratégica respecto a los aprovisionamientos, y herencia energética recibida.

En particular, aparece el compromiso de la transición hacia la descarbonización casi total a largo plazo. Conviene remarcar que la dimensión económica está cobrando más fuerza en el actual contexto de la UE, como es el caso de Francia y Alemania. Estas estrategias energéticas y las diferentes opciones que están barajando hacen que nos planteemos una serie de reflexiones de calado, por ejemplo en lo relativo a los tiempos en los que deben realizarse los cambios estructurales de los modelos energéticos, al papel que los combustibles fósiles pueden tener en las primeras fases hacia la descarbonización, o los efectos que podrían tener en el modelo energético la aparición de nuevas tecnologías.

Como se ha demostrado a lo largo de la historia,  la mayor parte de los acontecimientos que han determinado, de forma más decisiva, la evolución del sector energético eran imposibles de predecir por los hacedores de las políticas energéticas. Esto nos lleva a insistir en la importancia de que estrategias, políticas, y planificaciones sean integrales, es decir, cubran todas las fuentes y tecnologías, puesto que a menudo se complementan o compiten entre sí y se sustituyen mutuamente.

La diversificación es por tanto un gran principio en energía, costoso a veces, pero siempre remunerado a plazo, siendo la medida que mejor se compatibiliza con la flexibilidad requerida de los sistemas energéticos. Además, solamente a través de una diversificación selectiva se puede conciliar el objetivo de seguridad con los otros dos, de protección del medio ambiente y coste razonable.

Pero esto y más cosas las dejo para la segunda parte del artículo.

Jordi Dolader es Senior Partner de MRC Consultants and Transactions Advisers y presidente del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.