El grupo parlamentario Compromís ha presentado en Les Corts una proposición no de ley para instar al Consell a estudiar las posibilidades de crear una comercializadora de energía eléctrica pública dependiente de la Administración valenciana.
No sería la primera propuesta de crear una eléctrica. Sin ir más lejos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho por activa y por pasiva que iba a crear una comercializadora eléctrica con la que hacer frente a la pobreza energética.
Lo novedoso de Compromís es que sería a través del Govern de la Generalitat Valenciana, es decir, sería la primera CCAA con eléctrica pública.
Según ha asegurado la diputada de Compromís Teresa García en un comunicado, el precio de la electricidad ha "aumentado en un 70% desde 2008, un 8% de media cada año", y la factura eléctrica es "uno de los factores de empobrecimiento de las familias y que restan mayor competitividad a nuestras empresas".
Al mismo tiempo, las compañías eléctricas "acumulan beneficios millonarios", y todo ello en conjunto supone "una problemática que, de una vez por todas, se debe afrontar desde los poderes públicos de forma valiente y resolutiva".
Como se explica desde Compromís, en España con el sistema que tenemos actualmente, según la potencia, los consumidores contratan el suministro de energía eléctrica a través de una empresa comercializadora.
Los consumidores que contratan menos de 10 kilovatios están acogidos al Precio Voluntario por Pequeño Consumidor (PVPC) y contratan el suministro con las Comercializadoras de Referencia, por el que pagan un precio que fija el Ministerio.
Los consumidores con una potencia contratada superior a 10 kilovatios, por su parte, deben elegir una de las empresas comercializadoras del mercado libre que hayan comunicado su inicio de actividad al Ministerio.
Según la diputada, en la actualidad la mayoría de los consumidores domésticos están acogidos al PVPC, "síntoma de lo poco atractivas que son las ofertas del mercado libre".
Al tiempo, existen comercializadoras públicas, y ha puesto como ejemplo, en el ámbito municipal, la Comercializadora Eléctrica de Cádiz, SA, "y otros municipios, como Barcelona, donde está en proyecto la conversión de la sociedad municipal Tersa en un operador eléctrico de capital público, y calculan que el Consistorio podría ahorrarse entre 1,75 y 2,65 millones de euros gracias a su propia comercializadora (entre un 10% y un 15% del gasto actual)".
Para García la creación de una comercializadora de energía pública municipal o autonómica es una opción que permitiría un ahorro en la contratación de energía eléctrica de edificios, alumbrado y empresas públicas, pero también para usuarios domésticos, PYMES, industrias y asociaciones empresariales.
Aparte de los "claros beneficios sociales y económicos", el dinero ahorrado podrían reinvertirse en eficiencia energética "o en el bono social para los hogares con pobreza energética".
"Por ello que hemos presentado en el Parlamento valenciano una proposición para que el Consell estudie las posibilidades y las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de establecer una comercializadora de energía eléctrica pública", ha informado.
"Más en particular, creemos que el IVACE podría convertirse en una herramienta de comercialización eléctrica de gestión pública, sin perjuicio de que su actual forma jurídica debiera adaptarse a lo que exige la ley del sector eléctrico", ha añadido.
Carlos
28/02/2016