¿Concursos para renovables? Canarias dice: “No, gracias”

La de los concursos para adjudicar nueva potencia renovable en España es una historia triste. Hasta ahora se han ceñido, prácticamente, a la tecnología eólica, y con muchísima más pena que gloria. La experiencia ha sido tan mala que hay quien no duda en achacarle el inicio de la grave crisis de las renovables en España; su argumento es el siguiente: “desde el momento en que las grandes eléctricas vieron que, si querían crecer en el negocio, tenían que comprar las licencias que los gobiernos autonómicos habían adjudicado a sus amigos, dejaron de tener interés en él”.

Al profano le puede sonar raro, pero es una verdad como una catedral gótica de grande. Casos como el de Galicia o Aragón –en los que se adjudicaron parques a lecherías, discotecas y panaderías– han contribuido notablemente al parón actual, porque si las eléctricas hubieran tenido más oportunidades de obtener beneficios, otro gallo estaría cantando ahora.

¿Cómo lo hacían las comunidades autónomas para trucar concursos teóricamente limpios? Pues como siempre: introduciendo cláusulas que sólo pueden cumplir aquellos a los que se quiere hacer la regalía. Sin embargo, a pesar de la mala experiencia, la apuesta del Gobierno para crecer en renovables dentro de unos años son precisamente los “mecanismos de concurrencia competitiva”, es decir, subastas y concursos. Y donde primero quiere aplicarlo es en las Islas Canarias.

Por eso publicó en agosto pasado la Orden IET/1459/2014, en la que se incluyen los parámetros retributivos que marcarán los ingresos de las futuras instalaciones eólicas y fotovoltaicas en las islas afortunadas. Irónicamente, la Orden les otorga unas ayudas que se niegan en el resto de España cuando, muy probablemente, hay allí tantas horas de sol y viento que no serían necesarias para que las instalaciones proliferaran.

Una década de parálisis

Para seguir el rastro del caso canario hay que remontarse a 2004. En aquel año el Gobierno canario sacó un concurso de 334 MW que acabó en los tribunales por un escándalo de corrupción y todo el proceso se anuló. Tres años después, en 2007, se lanzó un segundo concurso, pero debido al gran número de solicitudes, no se resolvió hasta finales de 2008, cuando ya se había cerrado el Registro de Preasignación de Retribución que, en aquel momento, otorgaba el derecho a percibir las primas. El resultado fue que los parques adjudicados siguieron sin construirse.

Después siguieron lloviendo decretos y normas restrictivas y retroactivas para las renovables: que si ahora una moratoria, que si ahora un cambio del IPC, que si ahora te pago en función de la inversión… Y las renovables en Canarias, mientras tanto, en el limbo de los asuntos pendientes; hoy por hoy, apenas cubren el 7,5% de la demanda eléctrica insular, cuando en la península ese porcentaje llega al 40%. Poco ha importado que sean tres veces más baratas que la generación con fuel que alimenta las islas.

Y por fin nos plantamos en 2014 y en la Orden antes citada, que establecía un plazo límite para entregar la documentación que acredite estar en disposición de construir un parque eólico: el 31 de diciembre de 2015. Ahora bien, como la infraestructura eléctrica canaria es insuficiente para absorber mucha producción eléctrica intermitente, prácticamente ninguno de los parques disponía de la documentación requerida, ni de la seguridad de que los parques se construyan antes del plazo establecido, el 31 de diciembre de 2016. Sólo 15 MW podían cumplir los requisitos, y ninguno estaba incluido en el concurso.

El fiasco se solventó el pasado mes de diciembre, estableciendo prórrogas para que dé tiempo a construir las líneas y subestaciones necesarias. El nuevo plazo para entregar los papeles se ha alargado hasta el 31 de enero de 2015 y para la construcción hasta el 31 de diciembre de 2018.

Anulación del concurso

No ha quedado ahí la cosa. El Gobierno canario acaba de anunciar que para los nuevos parques eólicos ya no servirá el famoso concurso, sino que se aplicará el procedimiento que ha sido habitual donde no ha habido concursos: cuando se presente un proyecto con todas las garantías, se otorgará la correspondiente autorización administrativa. Además, un régimen transitorio especial permitirá que también puedan construir sus parques aquellos promotores que quedaron fuera del concurso o que perdieron el derecho como consecuencia de la actuación judicial.

Es decir, el Gobierno de Canarias ha decidido, después de una década, que los concursos no funcionan en la práctica, algo que desde el sector se lleva años diciendo. Al final, las empresas sólo tendrán que esperar a que REE construya las líneas y subestaciones que les permitan materializar sus proyectos.

Habrá que ver cómo se lo toma el Gobierno central, porque la decisión canaria es una bofetada a sus planes, y puede afectar al devenir de otros concursos adjudicados y pendientes de materializar, como el gallego. Si bien el caso canario se considera especial –la regulación estatal eximía explícitamente al concurso eólico del sistema de concurrencia competitiva por el que aboga el Gobierno central–, ¿por qué deben tener más derechos los canarios que los gallegos, ahora en pie de guerra porque la nueva Planificación Eléctrica no contempla dos subestaciones clave para la evacuación de 432 MW adjudicados por la Xunta?

Tomás Díaz es periodista experto en energía.