El mayor caso de la corrupción de España, el perdón de más de 3.000 millones a las eléctricas, podría haber manchado a los dos grandes partidos. Así lo ha asegurado el experto en el sector eléctrico, Jorge Morales de Labra, coautor de la demanda que interpuso la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético contra el Gobierno del PSOE por haber perdonado a las eléctricas más de 3.000 millones que tenían que haber devuelto por cobrar de más los Costes de Transición a la Competencia (CTC).
"Además del Gobierno del PSOE, también podría haber perdonado el actual Gobierno del PP", ha dicho el demandante en el programa El Intermedio de La Sexta. "Hay varios abogados que afirman que la prescripción del caso no se cerró en 2010 sino en 2014". Los abogados se basan en jurisprudencia española, concretamente en "sentencias de la Audiencia Nacional", es decir, "que hay fundamentos jurídicos" para que esto hubiera sido así.
El actual Gobierno del Partido Popular, si el caso realmente hubiese prescrito este año, y no en 2010, como decía en su informe la Abogacía General del Estado, presuntamente habría incurrido también en negligencia al perdonar a las grandes eléctricas el cobro de más de los CTC de 2006.
Ahora la Fiscalía Anticorrupción tendrá que estudiar si realmente este caso ha prescrito en 2010 o en 2014, si fuese así, tendría que elevar la causa al actual equipo de Industria formado por el ministro José Manuel Soria y Alberto Nadal. Pero para eso habrá que esperar.
Caso omiso
A la par, este martes se ha conocido que el equipo de Joan Clos, que dejó el Ministerio de Industria en 2008, tenía preparada una orden para recaudar los más de 3.000 millones de euros que cobraron de más las eléctricas. Según cuenta el diario Cinco Días, el equipo del ministro catalán llegó a elaborar una propuesta de orden ministerial que establecía la devolución de los polémicos CTC, pero que nunca vio la luz.
El ministro José Manuel Soria. FOTO: EFE.
Luego, cuando dio el relevo a Miguel Sebastián, Industria decidió tapar el asunto. El informe de la Abogacía del Estado llegó a mano de la Comisión Nacional de la Energía que ya en 2006, año en el que José Montilla decidió acabar con los CTC, le pidió al Gobierno una solución. Pero esta nunca llegó.
Varios informes de la CNE
Pero los informes de la CNE no se quedaron ahí. Según cuenta la agencia Europa Press, la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) reclamó al Ministerio de Industria en tres ocasiones en 2010 que realizase un pronunciamiento formal acerca de la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), cuya reclamación a las eléctricas por exceso de cobro expiraba en ese ejercicio.
Esta liquidación de los CTC, conforme a los cálculos de la Abogacía del Estado, habría puesto en evidencia un exceso de cobro de más de 3.000 millones de euros para las compañías eléctricas. De esta forma, se habría generado un ingreso adicional para la tarifa eléctrica en caso de que Industria hubiese reclamado el importe, lo que no llegó a hacer.
Ya antes de 2010, a finales de 2009, la CNE incluyó en el informe de revisión de peajes de electricidad a partir del 1 de enero de 2010 un párrafo en el que recordaba que, si bien en 2006 habían quedado suprimidos los CTC como costes permanentes del sistema, es "necesario que se produzca formalmente, de conformidad con el ordenamiento jurídico, un pronunciamiento sobre su liquidación".
El organismo abundó en esta cuestión en un informe de junio de 2010 sobre la revisión de peajes en julio. En él recordaba que, tal y como se lo había pedido la Dirección General de Política Energética y Minas, había remitido a Industria los informes solicitados para conocer el saldo de los CTC para el periodo 1998-2005, sin que hubiese hasta esa fecha una liquidación final. Tras repetir el mismo párrafo que en el informe de los peajes de enero, el regulador advertía de que la ausencia de esta liquidación podría implicar unos derechos de cobro del déficit de tarifa por parte de las grandes eléctricas superior a lo que les correspondería.
El ex ministro de Industria, Miguel Sebastián. FOTO: EFE
"La supresión de los Costes de Transición a la Competencia sin un análisis sobre el grado de amortización de dichos costes, por empresas y por instalaciones, ni sobre las cantidades recuperadas por este concepto desde 1998, podría llevar a que los derechos de cobro de las empresas financiadoras del déficit tarifario fueran superiores a los que les corresponderían en caso de considerar el impacto de la eliminación de los CTC", dice este informe.
La CNE repitió el párrafo sobre los CTC incluido en el informe de revisión tarifaria de enero y julio en al menos otros dos informes, el del 28 de septiembre de revisión de peajes en octubre y el del 16 de diciembre de revisión de peajes a partir de enero de 2011.
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