Tres años después de la "marcha negra" que partió de cuatro localidades de las cuencas del carbón, el sector minero sigue sumido en una profunda crisis y tanto empresas como sindicatos urgen al Gobierno medidas que reactiven una producción prácticamente paralizada en la mayoría de los yacimientos.
La "marcha negra" partió el 22 de junio de 2012 y llegó a Madrid el 11 de julio como medida de protesta por decisiones adoptadas por el Gobierno. Entre ellas, la que tomó el Consejo de Ministros en 2011 para reducir el gasto público, que fijó la "eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón" o el recorte a las ayudas a las empresas mineras en un 63 por ciento en los presupuestos de 2012.
Los sindicatos recuerdan que la falta de actividad derivada del bloqueo de consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas ha colocado al sector, del que todavía dependen 2.500 familias en Castilla y León, al borde de la desaparición.
Además, lamentan y denuncian que tres años después de la última gran movilización del sector, que cosechó un gran respaldo popular, la situación haya incluso empeorado y muchas empresas hayan llegado a una situación insostenible por la "falta de apoyo" del Gobierno. Soria, objetivo de todas las críticas
En el centro de todas las críticas está el ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien los sindicatos acusan de mentir cuando afirma que el problema es heredado del la etapa del PSOE en el Gobierno.
Recuerdan que lo que el actual Ejecutivo heredó de los socialistas fue un mecanismo de compra de carbón y un plan de cierre ordenado y paulatino, que preveía una "suave" retirada de las ayudas a la producción desde los aproximadamente 300 millones en 2011 hasta su supresión definitiva en 2019.
También acusan a Soria de modificar las condiciones bajo las cuales operaba el Real Decreto de Restricciones, introduciendo un nuevo coste en el sistema, que fue el Impuesto Especial de Electricidad (IEE), pero sin reconocer este coste en las liquidaciones económicas que preveía la norma.
Según los sindicatos, esta decisión acentuó la resistencia de las compañías eléctricas a cumplir con el mecanismo "con los fatales resultados por todos conocidos para empresas como Hullera Vasco Leonesa y Carbonífera del Ebro.
Las críticas a Soria le han llegado también de las filas de su propio partido, y así el portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó el pasado 28 de mayo que Soria "ha hecho méritos para dimitir o para ser cesado".
El presidente en funciones de la Junta, Juan Vicente Herrera, achacó a la "absoluta insensibilidad y arrogancia" del Ministerio de Industria y su titular, José Manuel Soria, con la minería parte de los resultados cosechados en León en las pasadas elecciones.
También le han llovido las críticas al ministro desde Asturias, donde el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, pidió la celebración urgente de una asamblea de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom) con el fin de hacer frente a las políticas dictadas por Soria, al que considera en "rebeldía".
Ante esta situación de crisis, el PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que fija como primera medida de especial urgencia el forzar al gabinete del ministro José Manuel Soria y al Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar de inmediato la compra de carbón autóctono por parte de las centrales térmicas.
De este modo, sostienen los socialistas, se blindaría la continuidad de la actividad minera y el nivel de empleo, y se daría cumplimiento al vigente Plan del Carbón 2013-2018, para el que también se reclama adoptar todas las medidas políticas y legislativas necesarias para el desarrollo del mismo en todos sus términos.
Los socialistas también exigen en su propuesta que el Gobierno impulse las actuaciones necesarias para cumplir el mandato del Parlamento Europeo sobre el sello de calidad para el carbón que se consume en España frente a importación de mineral producido en régimen de esclavitud infantil o sin las debidas condiciones laborales y medioambientales.
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