El caso de los Costes de la Transición a la Competencia (CTC) está a punto de llegar a manos de los funcionarios de la Comisión Europea. Los 3.400 millones de euros presuntamente cobrados de más por las grandes eléctricas españolas durante los Gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero serán puestos en conocimiento de la Dirección General de Competencia encargada de asumir todos los asuntos relacionados con las ayudas estatales ilegales.
El próximo lunes, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético aprobará en Asamblea la demanda que se enviará posteriormente a Bruselas. Jorge Morales de Labra, miembro y portavoz de la organización, asegura a este diario que "vamos adelante con ello. Estamos terminando el informe jurídico y el próximo lunes se llevará ante la asamblea".
El equipo jurídico de la Plataforma es el bufete Holtrop. Su socio, Daniel Pérez, ha explicado que la demanda se espera llevar ante Bruselas en este mismo mes de septiembre. "Ya hemos pedido cita ante la Comisión Europea, solo estamos a la espera de que nos notifiquen el día para ir a presentar toda la documentación".
El caso de los CTC llega a Bruselas tras casi dos años de andanza por el sistema judicial español. Lo primero fue la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Admitió a trámite la denuncia de esta misma plataforma interpuesta en 2013. el año pasado saltó el escándalo y durante varias semanas la Fiscalía llamó a declarar a varios responsables del Ministerio de Industria durante la época del Gobierno de Rodríguez Zapatero, ya que fue en 2006 cuando las eléctricas dejaron de percibir este tipo de ayudas.
Pero la investigación se cerró. Más tarde el caso volvería a manos de la Fiscalía tras aumentar la demanda también al Gobierno de Mariano Rajoy. Los responsables de la Plataforma creen que el caso no prescribió en 2010 sino en 2014 y por eso extendieron la denuncia al actual Ejecutivo. Pero la Fiscalía desechó esta petición.
Lo que sí se admitió a trámite fue la querella de Ausbanc contra los Gobiernos y algunas eléctricas por haber cobrado de más por los CTC. Pero finalmente la Audiencia Nacional también tumbó los intereses de esta asociación de consumidores.
Parecía que el caso se apagaba, pero la Plataforma no ha cejado en su empeño para que se ha justicia, en su opinión, y por eso llevan el caso ante las autoridades comunitarias.
Argumentos
El principal argumento que van a presentar los demandantes ante Competencia es el informe que la propia Comisión Europea elaboró en 1997 relativo a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a los costes de transición a la competencia (CTC).
En el comunicado, que llegó al Gobierno en la etapa de Aznar, siendo el ministro de Industria Josep Piqué, Bruselas dejaba bien claro que "la ayuda deberá servir para compensar costes de transición a la competencia elegibles claramente determinados e individualizados. La ayuda no podrá superar en ningún caso el importe de los costes de transición a la competencia elegibles".
En el caso de España el tope fueron unos 8.600 millones de euros de ahora. Y según la Comisión Nacional de la Energía, lo cobrado de más ascendía a 3.393 millones repartidos así: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones. Mientras, Elcogás cobró de menos 191 millones. Lo dijo en varios informes que se presentarán como pruebas al igual que los informes de la Abogacía del Estado en el que le decía al Ministerio de Industria durante la etapa de Rodríguez Zapatero que exigiera la devolución a las eléctricas.
El quid de la cuestión es que este caso ha prescrito para la justicia española, pero si se demuestra que hubo cobros de más por parte de las eléctricas, se podrían declarar ayudas de Estado ilegales. Según la normativa comunitaria, los casos de ayudas ilegales no prescriben por tanto la defensa no podrá basarse en ello.
Pero la demanda no se quedará ahí solo. Según Jorge Morales, "hay nueva información sobre el caso" que se llevará a Bruselas. "Hemos estudiado el caso mucho más a fondo y lo llevamos mejor preparado", ha asegurado.
Por su parte, las eléctricas tienen en su poder nada más y nada menos que 14 informes elaborados por otros tanto despachos de abogados en el que aseguran que lo cobrado en los CTC fueron la cantidad ajustada a derecho.
Ahora será Bruselas quien tome la decisión de continuar con el caso y abrir una investigación por presuntas ayudas de Estado ilegales. Esto se sumaría a otras que ya tiene abiertas por las ayudas a las renovables o los pagos por capacidad. La Comisión Europea vigila de cerca.
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