En una década la gran mayoría de los países de la Unión Europea van a dejar de quemar carbón, si cumplen con la hoja de ruta que se han marcado en sus Planes de Energía y Clima (PNIEC), junto con los del EEE (Espacio Económico Europeo). Por eso IETA (International Emissions Trading Association_) _ha advertido a los estados miembros que cancelen las emisiones de derechos cuando eliminen el carbón de sus mix energéticos para evitar un colapso en los precios del carbono.
Según su documento "Ensuring the EU’s carbon market resilience to national coal phase-out policies", ya hay diez países que no cuentan con centrales térmicas de carbón (Bélgica, Chipre, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Suiza y Noruega) y otros ocho que cerrarán todas sus centrales en la próxima década (Francia en 2022, Irlanda e Italia en 2025, Holanda en 2029 y Dinamarca, Finlandia, Portugal y España en 2030).
Tres países han puesto una fecha de cierre pero falta por aprobarse, como es el caso de Austria o Reino Unido, que quieren hacerlo en 2025, o Suecia en 2022; dos lo están discutiendo aún, Eslovaquia y Hungría, y por último, Alemania, que alargará hasta 2038 el final de la vida del carbón.
Solo siete países se han negado a poner broche final al negro mineral: Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovenia.
Según IETA, un cierre a gran escala de la generación a carbón, que ocurre simultáneamente en varios países de la UE, afectaría significativamente el funcionamiento del mercado de carbono europeo. Una fuerte disminución de las emisiones derivadas de los cierres de carbón daría lugar a una menor demanda de derechos de emisión, y como consecuencia, distorsionaría el equilibrio del mercado.
El impacto exacto de las salidas de carbón depende del ritmo y la escala de los cierres y del "efecto rebote", es decir, qué tecnologías de generación reemplazarán a las unidades de carbón retiradas de la red. Las emisiones de CO2 del sector eléctrico provenientes de la combustión de carbón en cinco Estados miembros con la mayor capacidad de carbón instalada entre los que planean las salidas de carbón (Alemania, España, Italia, Holanda y Francia) ascendieron a casi 354 Mt en 2017. Si en todos los Estados miembros se planea salidas de carbón, y se reemplaza esa capacidad con gas natural, menos intensivo en carbono, el impacto podría estar en el rango de 150 a 200 Mt de CO2 al año.
Este impacto solo puede ser mitigado en cierta medida por la Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR, por sus siglas en inglés) que comenzó a operar en enero de 2019 y tiene como objetivo absorber el excedente de las reservas acumuladas en el mercado. Entre los años 2019-2023, el MSR retendrá el 24% del excedente; este número disminuirá al 12% a partir de 2024 en adelante.
Pero, a partir de ese año, como se ha fijado una tasa de absorción del orden de 100 millones de asignaciones por año, el MSR por sí solo no será suficiente para equilibrar el excedente de asignaciones al haber significativamente menos centrales térmicas de carbón que las necesiten.
Por eso, pide que los Estados miembros cancelen voluntariamente los permisos de emisión para compensar el desequilibrio que va a haber entre oferta y demanda de derechos de emisión, y por tanto, evitar que se desplomen los precios del CO2. Los Estados miembros pueden cancelar hasta cinco años de emisiones promedio verificadas de una instalación durante los cinco años anteriores al cierre. El volumen total de los derechos a cancelar puede distribuirse de manera arbitraria; corresponde a un Estado miembro interesado decidir.
"Si se cierran centrales de carbón de manera masiva habría que retirar una cantidad de derechos de emisión en la misma proporción, porque si no, caería el precio del CO2 y no cumpliría su objetivo", explica a este diario José María García Berrendero, corporate trader de Vertis Environmental Finance, especializada en compra y venta de de estos derechos de emisión, "hay que conseguir que el efecto del cierre de las térmicas sea neutro en el comercio de ETS".
Según IETA, Se espera que la Comisión Europea proporcione más orientación sobre el Reglamento de subastas de derecho de emisión, pero advierte que hasta la fecha, los gobiernos que consideran la eliminación gradual del carbón aún no parecen haber tomado decisiones con respecto a la opción de cancelación voluntaria.
Para la asociación internacional, el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS, por sus siglas en inglés) debería seguir siendo la herramienta central para reducir las emisiones en la UE, ya que garantiza garantiza que los objetivos climáticos de la UE se alcancen a costes mínimos para la sociedad y las empresas.
Esa reducción de las emisiones solo tiene un objetivo: cumplir con el Acuerdo de París y evitar una subida de la temperatura del planeta por encima de los 2ºC , pero según un informe de Climate Analytics de abril pasado, para ello tendría que ser necesario que el 25% de todas las plantas de carbón estuvieran cerradas en 2020, el 47% en 2025 y, las últimas a comienzos de 2031, y no es previsible que se vaya a hacer.
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