"El Consejo de Seguridad Nuclear no abre ni cierra centrales"

El miembro del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear Fernando Castelló considera que "no dar respuesta" por parte de este organismo al proceso administrativo sobre la central nuclear de Santa María de Garoña sería entrar en "el debate político, actuando fuera del sentido de la independencia reguladora".

Así lo argumenta este Consejero del CSN en un voto particular de doce puntos al acuerdo adoptado por el pleno el pasado día 3, en el que el organismo daba el visto bueno parcial a varias especificaciones técnicas y anunciaba que remitirá al Ministerio de Industria, en la segunda mitad de 2016, un informe sobre la renovación de la licencia de explotación de esta central burgalesa.

Castelló explica que la apreciación favorable de dichos puntos "no tiene un efecto inmediato", ya que serían de aplicación si se concediese la renovación de autorización solicitada, decisión que corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) departamento que ha solicitado al CSN información sobre la situación de la planta en materia de seguridad y protección radiológica.

"El Consejo de Seguridad Nuclear no abre ni cierra centrales" asevera el consejero, quien subraya que "no es competencia del regulador".

Apunta además que Santa María de Garoña dispone de autorización y que su estado es de "parada de explotación" desde julio de 2013 y que son aplicables "los documentos oficiales de explotación para la central nuclear en situación de parada".

Castelló argumenta también en su voto que las especificaciones y modificaciones de diseño analizadas en el pleno del día 3 no son "la primera aprobación parcial que eleva al Pleno" y responden a requisitos que el CSN ha exigido a la central. Además el organismo requirió que "todas las modificaciones de diseño deberían ser apreciadas favorablemente".

En su voto particular, al que ha tenido acceso EFE, subraya que desde el punto de vista de la concesión de licencia no serían necesarias, aunque "se considera conveniente", la aprobación de las evaluaciones parciales, sino el informe que el Pleno del máximo organismo en materia de seguridad y protección radiológica evacúe sobre la solicitud de Nuclenor" (propietaria de la nuclear).

Reivindica que el organismo se debe ceñir a las cuestiones de su competencia, y "las circunstancias o intereses políticos del entorno no deben orientar la toma de decisiones".

Otra de las consejeras, la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona también ha emitido un voto particular en el que considera que el organismo debería posponer los asuntos para la toma de decisión hasta que "no estén debatidas y explicadas" las implicaciones y mejoras en seguridad derivadas de autorizar un reactor atómico "hasta los 60 años de explotación comercial y con una renovación de más de 10 años de duración".