1 comentario publicado El proyecto de Real Decreto del Gobierno para regular los centros de datos podría elevar un 16% los vertidos de energía renovable en España y encarecer su suministro eléctrico hasta los 133,07 euros por megavatio hora (MWh) en 2030. Así lo advierte un informe de EY, que alerta de las consecuencias que tendrían las exigencias de adicionalidad renovable y correlación horaria incluidas en la propuesta, tanto para el sistema eléctrico como para la competitividad de España a la hora de atraer nuevas inversiones digitales.
El análisis estima que abastecer los 3,5 gigavatios (GW) de potencia de centros de datos previstos para 2030 exigiría instalar 49,8 GW adicionales de generación renovable y almacenamiento. En concreto, serían necesarios 26,8 GW de solar fotovoltaica, 8,8 GW de eólica y 14,2 GW de baterías. Esta capacidad multiplicaría por 14,2 la potencia eléctrica de los centros de datos contemplados en el escenario analizado por la consultora.
El sobredimensionamiento respondería a la necesidad de garantizar el suministro renovable durante las horas de menor producción, especialmente en invierno, mediante una combinación de generación y almacenamiento. Sin embargo, esta capacidad produciría grandes excedentes durante el resto del año, sobre todo en las horas centrales de los días soleados.
Según las simulaciones de EY, el cumplimiento de los requisitos generaría 19.742 gigavatios hora (GWh) de energía renovable excedentaria al año para cubrir un consumo de 30.660 GWh de los centros de datos. De ese volumen, 931 GWh se traducirían en vertidos adicionales, es decir, energía que no podría integrarse en el sistema eléctrico.
Esta última cifra supondría un incremento del 16% respecto a los 5.831 GWh de vertidos registrados en el sistema durante 2026, de acuerdo con el escenario de menor impacto negativo contemplado en el informe. EY advierte de que este aumento podría reducir la rentabilidad de las instalaciones renovables existentes, incrementar las necesidades de inversión en redes y dificultar el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos.
El origen del problema se encuentra en la combinación de dos obligaciones recogidas en el proyecto normativo. La primera es la adicionalidad, que exige vincular el consumo de los centros de datos con nueva capacidad renovable. La segunda es la correlación horaria, que obliga a cubrir con generación renovable el 80% del consumo eléctrico en cada hora. La aplicación conjunta de ambas condiciones obligaría a dimensionar las instalaciones para responder a los periodos de menor producción, aunque ello generase excedentes durante el resto del año.
Un coste eléctrico 2,4 veces superior al precio de mercado
El impacto también se trasladaría directamente a los costes de suministro de los centros de datos. EY calcula que estos alcanzarían los 133,07 euros/MWh en 2030, frente a los 55 euros/MWh previstos en el mercado de futuros para ese año, según los datos considerados por la consultora a 1 de octubre de 2026. El resultado sería un coste 2,4 veces superior al precio de referencia del mercado.
El informe sostiene que este encarecimiento podría trasladarse a los servicios digitales prestados por estas instalaciones y reducir el atractivo de España frente a otros destinos europeos. Por ello, EY plantea revisar el proyecto normativo y flexibilizar sus exigencias para aproximarlas al marco comunitario, con el objetivo de compatibilizar la sostenibilidad energética con el despliegue de nuevas infraestructuras digitales.
La consultora también señala que la variabilidad de la producción renovable añade incertidumbre al cumplimiento de la correlación horaria. Una generación inferior a la prevista, especialmente en determinados periodos, podría dificultar la cobertura exigida y exponer a los centros de datos a penalizaciones por factores meteorológicos que escapan a su control.
El proyecto contempla recargos sobre los peajes de acceso y los cargos del sistema en caso de incumplimiento. En determinados supuestos, las penalizaciones podrían alcanzar el 500% de los importes correspondientes, mientras que los incumplimientos significativos y reiterados podrían desembocar en la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red.
Hasta 60.300 millones de euros de inversión en riesgo
Más allá del impacto energético, EY advierte de que las exigencias podrían comprometer una parte importante de las inversiones previstas en el sector. Según sus estimaciones, los centros de datos podrían movilizar 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta 2030, generar un impacto anual de 7.300 millones de euros en el producto interior bruto ese año y contribuir a la creación de más de 16.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Sin embargo, la consultora calcula que entre 53.600 y 60.300 millones de euros de inversión potencial podrían quedar en riesgo por la aplicación del proyecto de Real Decreto. A las exigencias energéticas se sumaría la necesidad de coordinar los plazos de desarrollo de los centros de datos y de las instalaciones renovables asociadas, que deben entrar en servicio dentro de los 18 meses anteriores al inicio de la actividad de los primeros.
Esta condición podría complicar la ejecución de los proyectos, ya que ambas infraestructuras siguen procesos de autorización y construcción diferentes. Los retrasos podrían impedir que determinadas instalaciones renovables cumplieran los requisitos temporales exigidos, incluso cuando estuvieran destinadas a abastecer a los centros de datos.
EY considera que España corre el riesgo de perder competitividad en un momento en el que el crecimiento de la inteligencia artificial y los servicios en la nube impulsa la demanda de nuevas infraestructuras digitales. El encarecimiento del suministro y la incertidumbre regulatoria podrían llevar a los promotores a trasladar sus inversiones a otros mercados europeos.
El riesgo de trasladar costes al resto de consumidores
La posible pérdida de proyectos también tendría consecuencias para los ingresos regulados del sistema eléctrico. EY estima que la no conexión de entre 3,5 y 4 GW de potencia de centros de datos podría reducir entre un 1,1% y un 5,7% los ingresos procedentes de peajes de acceso y cargos en 2030, según el escenario considerado.
En términos económicos, la pérdida oscilaría entre 118 y 642 millones de euros anuales. De esa cantidad, entre 73 y 394 millones podrían recaer sobre los hogares y los pequeños consumidores, de acuerdo con las estimaciones de la consultora. El razonamiento es que, si los centros de datos no llegan a conectarse, dejarán de contribuir a sufragar determinados costes regulados que tendrían que repartirse entre el resto de los usuarios.
El informe relaciona este riesgo con los objetivos de electrificación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé un aumento del 31% de la demanda eléctrica entre 2025 y 2030, hasta alcanzar los 329 teravatios hora (TWh). EY advierte de que el vehículo eléctrico y el hidrógeno renovable avanzan por debajo de algunas previsiones, por lo que los centros de datos podrían convertirse en una fuente adicional de consumo capaz de absorber parte del crecimiento de la generación renovable.
La consultora estima que estas instalaciones podrían alcanzar un consumo de 26,1 TWh en 2030. En este contexto, frenar su desarrollo podría reducir la capacidad del sistema para integrar la nueva generación renovable prevista y desincentivar inversiones adicionales.
Un marco más exigente que el europeo
La comparativa internacional incluida en el informe concluye que ninguna de las normas europeas analizadas impone conjuntamente las mismas obligaciones de adicionalidad y correlación horaria que contempla el proyecto español.
La regulación comunitaria se ha centrado principalmente en la transparencia, la recopilación de información sobre el consumo energético y ambiental y la comparación del desempeño de los centros de datos. Irlanda exige una cobertura renovable del 80% de la demanda anual para determinados grandes consumidores, pero permite medirla en balance anual y contempla un periodo transitorio de seis años. Alemania establece obligaciones de cobertura renovable y eficiencia energética sin exigir adicionalidad ni correlación horaria, mientras que Portugal se centra en el reporte de indicadores energéticos y ambientales.
Para EY, estas diferencias podrían debilitar la posición de España frente a otros países en la carrera por atraer infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial y la computación en la nube. La consultora defiende revisar las exigencias adicionales del proyecto para evitar que el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad genere sobrecostes, aumente los vertidos renovables y termine reduciendo la inversión y la demanda eléctrica necesarias para avanzar en la electrificación de la economía.
Federico
26/10/2026