El Estado podría invertir en el capital social de empresas de nueva creación o nuevas iniciativas destinadas al impulso o innovación de las energías renovables, así como en modelos de negocio asociados, según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El plan destina un 74,7 % del total de la inversión prevista al despliegue e integración de energías renovables -3.165 millones- al desarrollo de energías renovables innovadoras integradas en la edificación y en procesos productivos, con una inversión en éstas de 2.365 millones de euros.
La inversión del Estado en ese tipo de iniciativas de renovables innovadoras puede incluir la promoción de proyectos piloto, innovadores, plantas híbridas de demostración y plataformas tecnológicas que impulsen nuevos desarrollos tecnológicos, la innovación y sirvan de ejemplo.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) será el organismo a través del cual se articule la inversión del Estado y en este tipo de actuaciones se garantiza que cualquier retorno económico derivado de las inversiones se mantendrá sujeto a las mismas finalidades, puesto que el objeto social de la entidad se enfoca al impulso de la transición energética.
Las inversiones directas por parte del IDAE podrán consistir en entradas directas en el capital social de empresas (sociedades) existentes, entradas en el capital de uniones temporales de empresas, sociedades de proyecto (SPV) o 'joint-ventures' que se puedan crear con otros socios inversores para el desarrollo y ejecución de proyectos.
También podrán consistir en la creación e inversión junto a otros socios de instrumentos financieros -fondos de inversión, fondos de capital riesgo-, que a su vez inviertan en ese tipo de proyectos.
La inversión en el desarrollo de energías renovables innovadoras incluye, además de la inversión directa en empresas, otras fórmulas de ayuda a la inversión inicial.
Una de ellas son las convocatorias por concurrencia competitiva, en las que los proyectos beneficiarios de la ayuda serían seleccionados mediante la ponderación de criterios objetivos previamente definidos, algo que estaría más orientado a proyectos innovadores o con características diferenciales entre sí.
También se contemplan convocatorias simples, dirigidas a actuaciones más homogéneas entre sí, en las que la ayuda se asigna por orden de entrada de las solicitudes.
Asimismo, el Plan prevé una gestión centralizada estatal cuando sean proyectos de ámbito supraautonómico o con carácter singular que no puedan ser abordados a nivel autonómico, además de una gestión compartida con las comunidades autónomas.
La inversión total del plan en el despliegue y desarrollo de renovables, de 3.165 millones de euros, supone el 4,55 % de todo el Plan de Recuperación.
El documento elaborado por el Gobierno prevé que 1.900 millones de esas inversiones se efectúen en 2021, 630 millones en 2022 y 625 millones en 2023.
El grueso de los 3.165 millones es para desarrollar energías renovables innovadoras integradas en la edificación y en procesos productivos, a lo que se destinarían unas inversiones de 2.365 millones -el 74,7 % del total-.
Las inversiones para energía sostenible en las islas contarían con 700 millones (el 22,1 % del total) y para desarrollo de comunidades energéticas 100 millones (el 3,2 %).
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