El Gobierno tiene ya redactado el borrador del Real Decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos y se lo ha mostrado a los principales actores del sector. Aunque de momento, desde la Asociación de Empresas de Gran Consumo Energético (AEGE) u otras patronales del sector industrial aún no se han pronunciado al respecto del nuevo documento del Estatuto, el texto no consigue ni por asomo resolver el gravísimo problema de las empresas y sus altos costes energéticos a la hora de elaborar sus productos.
Según fuentes del Ministerio de Industria, las ayudas que percibirán los consumidores electrointensivos se realizarán en base a tres mecanismos:
- La compensación por costes indirectos de CO~2~ es un mecanismo ya en vigor y autorizado por las autoridades comunitarias. En este caso, lo perciben todas las empresas industriales de toda la UE, por lo que no se obtiene ninguna ventaja competitiva respecto al resto.
- Compensación por financiación de renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracostes de territorios no peninsulares. El borrador establece las bases para su concesión. Se establece un mecanismo transitorio para calcular el importe de cargos que está pagando de forma efectiva cada consumidor y así poder compensárselos, en tanto se fijan los cargos de la factura eléctrica.
- Cobertura pública de contratos a plazo, mediante un fondo y garantías emitidas por CESCE. Este Fondo permitirá que los consumidores electrointensivos establezcan contratos de suministro de electricidad a plazo con proyectos de generación de electricidad renovable (PPAs). El Estado cubrirá el riesgo de la operación a través de garantías emitidas por CESCE.
Pero, ¿cómo se traduce esto en dinero? Vayamos por partes. La compensación por los costes indirectos del CO2 alcanzó en 2019 los 172 millones de euros, gracias a que se ha mantenido un precio alto de la tonelada de carbono en unos 25€ aproximadamente. En años anteriores, cuando el precio del CO2 era irrisorio el dinero destinado a ello no alcanzaba ni los 10 millones. Todo dependerá de por dónde vaya el mercado ETS pero todo indica que se mantendrá entre los 25-30 €/t en los próximos años.
Esta compensación que lleva establecida varios años se realiza porque la Comisión Europea dio el visto bueno a ello y tratar de frenar así el fenómeno de deslocalización que se había abierto por la pérdida de competitividad de la industria europea frente a la norteamericana. Esto significa que las empresas industriales españolas obtienen lo mismo que el restos de consumidores electrointensivos de otros países del entorno europeo. No hay ventaja alguna.
https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-obligara-a-la-gran-industria-a-cerrar-ppas-renovables-de-al-menos-5-anos-y-por-un-10-de-su-consumo-anual/
La gran queja de la industria electrointensiva es que en España pagan entre 10 y 17 €/MWh más por la electricidad que sus colegas europeos de Francia o Alemania. Entonces, ¿qué medidas existen para que esa diferencia se reduzca? El Gobierno de Mariano Rajoy creó el mecanismo de interrumpibilidad, que en primer término fue aprobado por la Comisión Europea, pero como se diseñó de mala manera finalmente Bruselas ha visto que esas ayudas perjudicaban directamente al resto de consumidores y alteraban el normal desarrollo del mercado.
El actual gobierno del PSOE se ha encargado de finiquitar la subasta de interrumpibilidad. La última subasta arrojó unas ayudas que no alcanzaron los 5 millones de euros para el primer semestre de 2020. A partir de ahora, la subasta e interrumpibilidad y este mecanismo desaparecen.
Y como solución, el Gobierno socialista quiere aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Para poder reducir ese gap de precios frente a Alemania o Francia, el Ministerio de Industria junto al de Transición Ecológica han negociado con Bruselas la introducción de otro mecanismo que no es otro que el de la compensación por el pago de las primas a las renovables y la cogeneración de alta eficiencia.
Algo que por otro lado, es una ventaja que tienen desde hace años las industrias alemanas y galas. Pero de distinta forma. En Alemania, por ejemplo, en vez de compensación lo que existe es una exención de la denominada tasa EEG, con la que retribuyen a las plantas eólicas y fotovoltaicas en el país germano.
Ahora con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, España tratará de acercarse, pero no lo conseguirá. Según fuentes del Ministerio, este mecanismo aportará unos 90 millones de euros. Teniendo en cuenta que según el Gobierno los más de 600 beneficiarios consumen unos 40.000 GWh al año, el 17% de la demanda nacional, el coste energético de la industria española mejorará en 2,25 euros MWh. Teniendo que la diferencia es de unos 15-17 euros MWh con los alemanes, con esta medida queda muy lejos.
Y la otra medida, es la firma de PPAs renovables, cuya única ventaja es que está avalado por el Estado. Desde el sector no entienden que obliguen a las empresas a contratar un PPA de al menos 5 años de duración por el 10% del consumo anual para poder percibir estos mecanismos, sobre todo porque nadie garantiza que se vaya a pagar menos que en el 'pool'. Por cierto, que ya en OMIP uno puede comprar electricidad a 5 años.
Sumando 172 millones por el CO2 y los 90 millones por las renovables y extrapeninsulares, el total serías unos 262 millones, muy lejos de las cifras alcanzadas hace años con las subastas de interrumpibilidad donde superaron los 500 millones de euros. Ahora se quedarían por la mitad y sin interrumpibilidad que valga.
Otra comparativa que resulta también interesante es si la compensación de las renovables y cogeneración solo costará vía PGE unos 90 millones de euros, significa que solo se restará un 1,2% del total de primas que pagan todos los consumidores a través de la factura de la luz a los productores de renovables. Un 1% del total de 7.000 millones anuales que reciben.
Miguel
11/02/2020