La reforma energética mexicana, la más ambiciosa del paquete de enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido aprobada en el Senado y pasará al pleno en los próximos días.
Entre los cambios aprobados en el primer dictamen, destacan la eliminación de la expropiación de tierras y la sugerencia de que los contratistas incluyan el mínimo de 25 % de contenido nacional.
En el segundo proyecto se incluyeron modificaciones para proteger a la población marginada de las zonas rurales a través de subsidios a la energía eléctrica y cuidar el medio ambiente, poniendo el foco en las emisiones contaminantes de las firmas y el impulso de energías limpias.
El tercer dictamen fue modificado para limitar las facultades del Ejecutivo en el nombramiento y remoción de consejeros de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que deberán ser aprobados por la Cámara alta, a fin de darles independencia y evitar abusos.
Mecanismos de control
El último paquete legislativo incluye mecanismos de control, que impidan la corrupción y fomenten la transparencia en el sector, desde la exploración de hidrocarburos hasta la venta final de los energéticos.
Las comisiones de Energía y de Estudios legislativos votaron los cuatro proyectos de dictamen, que contienen las leyes que permitirán poner en marcha la reforma constitucional promulgada en diciembre pasado, la más importante del sector en siete décadas.
La reforma, rechazada por las fuerzas políticas de izquierda, permitirá el ingreso de la iniciativa privada en el sector de hidrocarburos, hasta ahora monopolio del Estado y explotado exclusivamente por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los dictámenes de las leyes secundarias fueron aprobados por mayoría y con la ausencia de los senadores de izquierda, que abandonaron la sala por no estar de acuerdo con los procedimientos.
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