Las competencias que el Gobierno de Pedro Sánchez traspasó en el RD-Ley 1/2019, de 11 de enero, a la CNMC le dan a Competencia un mayor control a la hora "aprobar de la metodología y condiciones de acceso y conexión" a la red eléctrica, incluso por encima de lo que pueda decir el Ministerio de Transición Ecológica al respecto. Es la principal conclusión de los juristas que asistieron a la 'Jornada RDL 1/2019 y las competencias de la CNMC' organizada por la patronal de las grandes eléctricas, AELEC.
De hecho, Mª Ángeles Rodríguez Paraja, jefa de la Asesoría Jurídica de la CNMC y Ana Cremades Leguina, counsel del área de Derecho Público, Administrativo y Regulatorio del despacho jurídico Pérez-Llorca y ex abogada del Estado-jefe de la Secretaría de Estado de Energía, coinciden que en la normativa con rango de ley "el gobierno solo podrá intervenir en aquellos aspectos que incidan en política energética", es decir, "hay intención, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que sus aportaciones sean una recomendación y no una obligación, con lo que deja claro que quiere mantener la independencia de la CNMC".
Por tanto, será Competencia quien decida cómo y de qué manera se procederá a solicitar un punto de acceso y conexión y que según ya figura en el borrador que se encuentra en periodo de consulta pública, comprende criterios económicos y para su evaluación de la capacidad, además de los motivos de denegación, el contenido de las solicitudes, permisos y contratos, así como las obligaciones de publicidad y transparencia de la información relevante para el acceso y la conexión.
Sin embargo, ¿qué ocurre si una normativa aprobada por el Gobierno contradice una circular o una resolución de la CNMC? Podría ser el caso del anuncio que la ministra Teresa Ribera hizo la semana pasada en el que se plantea legislar para regular y ordenar el acceso a la red de los nuevos megavatios ante la posible creación de una "burbuja renovable", por el elevado número de peticiones de licencias, que es superior a lo esperado.
https://elperiodicodelaenergia.com/teresa-ribera-reconoce-que-se-puede-estar-creando-una-burbuja-de-renovables-en-espana-y-planea-legislar-para-evitarlo/
Por su parte, la CNMC ya ha elaborado su Circular por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica, (CIR/DE/001/19).
Deberían estar coordinadas ambas normativas, pero ¿dónde está el límite? "Según el RD-Ley 1/2019, en caso de discrepancias entre gobierno y CNMC se debe crear una Comisión de Cooperación, un mecanismo de conciliación previa, que no es de carácter permanente, y que está compuesto por tres representantes de la CNMC y tres de la Secretaria de Estado de Energía, con rango mínimo de subdirector general", explica Ana Cremades, "pero si no se llega a un acuerdo, la posición del Gobierno se quedaría en una orientación no vinculante, es decir, que no solo no se obliga a llegar a un acuerdo, sino que prevalece la posición de la CNMC y en el texto como mucho se adoptaría la frase 'oído el Ministerio para la Transición Ecológica'".
No solo será el caso de la normativa para la solicitud de conexión, también le ocurrirá otro tanto a las cuatro circulares normativas relativas a la retribución de actividades reguladas, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista, a los peajes de acceso a las redes, a las condiciones de acceso y conexión, y a las reglas de funcionamiento de los mercados organizados.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios