El Gobierno pretende llevar al Congreso el Proyecto de Ley del Estatuto Electrointensivo este martes

Ya queda menos para que la industria electrointensiva conozca el texto definitivo de su Estatuto, una vez que el Ministerio de Industria ha analizado las alegaciones. Según fuentes conocedoras, la intención del Gobierno es llevarlo al Congreso como Proyecto de Ley este mismo martes, lo que tendría un proceso más largo de lo que se pretendía al inicio, cuando la propuesta era que fuera un Real Decreto.

Sin embargo, la ministra del ramo, Reyes Maroto, ha reiterado en numerosas ocasiones que quiere aprobarlo “lo antes posible”, por lo que su intención es que sea tramitado de forma urgente y así no tenga que pasar en esta ocasión por el filtro de Competencia. De ser así y según los plazos legales, podría estar en vigor antes de comenzar el mes de abril.

Un Estatuto del que recelan las grandes fábricas intensivas en consumo de electricidad, como Alcoa, Ferroatlántica, Arcelor, Asturiana del Zinc, Megasa, Celsa Group o Sidenor pero en el que se sienten muy cómodas cementeras y papeleras. “Son las grandes ganadoras con el nuevo texto”, señalan fuentes de sector, “el Estatuto, en su definición de gran consumidor eléctrico, rebaja por primera vez a todas aquellas cuyo consumo mínimo anual sea 1 GW/hora al año, además de pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima”.

Esto supone que la partida presupuestaria para el desarrollo del Estatuto se diluye en un número de beneficiarios que se ha multiplicado por cinco, pasando de 115 a 602 empresas, así como el aumento de empresas que recibirán la compensación de los costes indirectos de las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad.

“Siendo precisos, en España solo hay unos pocas empresas que realmente son altamente electrointensivas, entre ellas Alcoa, que siendo realistas quiere cerrar la única fábrica que le queda en España, en San Cibrao (Lugo), haga lo que haga el gobierno”, añaden las mismas fuentes, “pero el problema de Alcoa no es el precio de la energía sino que tiene un negocio muy anticuado y que no ha invertido en mejorar sus activos desde que el Estado le vendió la empresa pública Inespal en 1998”.

“La dirección de Alcoa está esperando que se apruebe el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para ponerlo como excusa y alegar que se va porque no le sirve”, continúan, “pero si se va, que no se vaya sin limpiar la laguna de lodos rojos que está a punto de colmatar, llena de sosa cáustica y metales pesados extremadamente contaminante”.

De no buscar una solución a esa balsa de sustancias peligrosas para el medio ambiente, podría pasar algo parecido a lo ocurrido en 2010 en la ciudad húngara de Devecser y el pueblo de Kolontar. Una marejada de lodo similar al que alberga la balsa en San Cibrao convirtió el suceso en el peor accidente químico del país.  La nube roja de metales pesados ​​llegó a afectar un tramo de 30 km del río Danubio. “Y su tamaño era una tercera parte de la balsa que tiene Alcoa”.

Por otro lado, el cierre de la fábrica no solo supone la extinción de unos 1.800 trabajos sino la paralización de toda la comarca de La Mariña que vive de la actividad de Alcoa.