El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) remitirá a Industria en el segundo semestre de este año su informe sobre la renovación de la licencia de explotación de la central de Garoña, ha acordado por mayoría el Pleno del CSN.
El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos de Industria y del Consejo de Ministros. Es decir, del nuevo Gobierno, siempre y cuando no haya de nuevo elecciones generales.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha apreciado favorablemente varias de las actuaciones incluidas dentro del proceso de evaluación para renovar la autorización de Garoña, recogidas en la Instrucción Técnica Complementaria que emitió en julio de 2014.
La decisión se ha adoptado por mayoría de los consejeros del Pleno, salvo el de la consejera y exministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona, que ha votado en contra de todos los puntos a excepción de uno relacionado con el almacenamiento de los residuos nucleares de Garoña.
Este anuncio de seguir hacia delante con el informe de Garoña ha sentado mal en la oposición que pedía esta semana archivar el caso y cerrar definitivamente la central nuclear. Así, desde EQUO denuncian que además de la reapertura, se abre la puerta a una posible reclamación por parte de Nuclenor por “lucro cesante” que podría conllevar, de ser aceptada, una indemnización a cargo de las arcas públicas, como ya ocurrió con el caso del Castor.
Para Juantxo López de Uralde, coportavoz de EQUO, y diputado por Podemos, “esta decisión ratifica que el CSN está al servicio de las presiones de las eléctricas y del gobierno en funciones. Hoy el Consejo del CSN se ha burlado de la democracia y de la ciudadanía para favorecer los intereses del oligopolio eléctrico”.
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