El PP del País Vasco confía en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas.
El acuerdo presupuestario de 2017 entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 KW, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas.
Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario y hoy se ha conocido que la Comisión Europea investiga una denuncia sobre este asunto presentada desde Cataluña.
En un comunicado, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su "apoyo rotundo" a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la CE los "intereses de la industria de Euskadi".
Por su parte, el viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Javier Zarraonandia, ha confirmado que la Comisión Europea ha abierto ya, a instancias de la Generalitat de Cataluña, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.
Zarraonandia, en declaraciones a los periodistas en San Sebastián, ha explicado que el acuerdo "de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado", ya que su objetivo es "corregir una discriminación histórica" que supuso en 2013 "un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca".
No se trata, ha insistido, de "un trato de favor a la industria vasca" ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente "las homologa respecto a otras industrias del Estado".
De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía.
Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo "porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 KW. "Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás", ha agregado.
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