El regulador favorece nuevas subidas en la parte fija del recibo eléctrico

Si alguien pensaba que arrancar un periódico sobre energía en el mes de julio iba a permitir un par de meses tranquilos para engrasar su funcionamiento, se equivocaba. Al menos en lo que a 2014 ha resultado (y a tantos otros años precedentes). Las noticias relacionadas con el mundo de la energía –algunas de ellas cruciales para el futuro energético de España– se han multiplicado en el periodo estival.

Me concentro en una que ha pasado bastante desapercibida en los medios de comunicación: la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 19 de julio (sábado) de la Circular 3/2014 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

Se trata de un esperado texto que culmina la transposición a la normativa española de un aspecto clave de la directiva comunitaria de electricidad de 2009 (no es un error: el Gobierno ha tardado ¡cinco años! en hacerlo para finalmente publicarlo un sábado de finales del mes de julio): la obligatoriedad de que sean los reguladores energéticos en lugar de los gobiernos los que fijen los peajes de acceso a las redes eléctricas o, al menos, establezcan su metodología de cálculo.

Por increíble que parezca, en España, hasta la fecha no había ninguna metodología para repartir entre los consumidores los costes de acceso. Se ha hablado mucho de éstos (y del consiguiente déficit de tarifa); pero muy poco de que su reparto entre los diferentes tipos de consumidores era completamente arbitrario. Esto es, dependía de criterios políticos nunca explicitados. La circular de referencia trata de mejorar este aspecto estableciendo una metodología de cálculo que debería respetar, entre otros, los principios de suficiencia (que los ingresos igualen a los costes reconocidos), eficiencia (asignar a cada cual el coste que ocasiona) y transparencia (que los criterios de reparto sean públicos).

Hace algo más de un año hacía una crítica detallada a la metodología, entonces propuesta y ahora aprobada prácticamente sin cambios, que sigue vigente en su integridad. No la voy a repetir, solo quiero destacar los aspectos más perniciosos y  las contradicciones que, a  mi juicio, derivan de ellos.

En primer lugar me parece lamentable que el regulador se sienta constreñido por la normativa actualmente vigente y, por tanto, presente una metodología limitadísima.

Baste un ejemplo: la CNMC reconoce que la idea de establecer un “peaje de los generadores está basada en la necesidad de introducir algún tipo de señal económica y/u operativa que incentive la localización de la generación en nudos de la red favorables y desincentive aquellos que pudieran derivar mayores ineficiencias”, para, poco después, someterse: “el principio de peaje único a nivel nacional establecido en el artículo 16.1 de la Ley 24/2013 impide la utilización del peaje de generadores para proporcionar señales a la localización”.

En términos coloquiales: que una central se coloque cerca de la demanda y, por tanto, el tránsito de energía ocasione menos pérdidas, no está contemplado –ni está previsto que lo esté– en la normativa española. Este aspecto, ya de por sí cuestionable, es crucial en un momento en el que el autoabastecimiento de energía con tecnología solar fotovoltaica está resultando más barato que comprar electricidad de la red a un número creciente de consumidores en un número cada vez mayor de ubicaciones. La limitación supone, en la práctica, que la normativa española rechace reconocer una de las ventajas fundamentales de la generación distribuida: la disminución de pérdidas en la red.

Ésta y otras limitaciones no serían contradictorias si la CNMC no propusiera cambios normativos tales como una reformulación de los calendarios tarifarios que exceden jerárquicamente su capacidad normativa y que, sin embargo, no duda en incluir en su circular.

Es fácil comprender que con esta actitud el Gobierno lo tiene fácil para ningunear la metodología de la CNMC: basta con aprobar una norma (que siempre será jerárquicamente superior a la circular de la CNMC) para limitar la aplicación de ésta. Permítaseme que parafrasee a mi amigo Román Palacios: “para este viaje (de cinco años) no necesitábamos alforjas”.

Pero es más, incluso aceptando a efectos dialécticos las referidas limitaciones de la metodología, la deseable “eficiencia” en el reparto de costes establecido por el regulador, que no es otra cosa que evitar subsidios cruzados entre grupos de consumidores, queda más que en entredicho.

Su metodología asigna los costes de las redes básicamente en proporción al consumo de energía de cada grupo de consumidores en ¡seis horas al año!, aquéllas de máxima demanda del sistema en cada uno de los seis períodos tarifarios en los que se divide aquél. Como resulta que los cerca de 28 millones de consumidores domésticos (con mayor precisión, aquéllos cuya potencia contratada no supera los 15 kW), nunca han tenido un incentivo para consumir menos energía en esas horas, el resultado, que no debe sorprendernos, es que éstos deben asumir la inmensa mayoría de costes del sistema. De hecho, los consumidores conectados a la red de Baja Tensión (domésticos, oficinas y pequeñas industrias) asumirán a partir de ahora el 73% de los costes de redes a pesar de que su cuota en energía consumida no alcanza el 50% del total. Lo contrario ocurre con los consumidores conectados a la red de Muy Alta Tensión (básicamente industria pesada electrointensiva): pagarán el 2% de los costes a pesar de suponer el 10% de la energía. Algún amigo extranjero no lo va a entender bien…

¿Cómo se materializa esta metodología para conseguir este efecto? Muy sencillo: se parte de la idea de que la red se diseña para esos momentos de máxima demanda y se reparten sus costes en proporción a la potencia contratada por cada consumidor. De esta forma el mayor o menor consumo influye muy poco en el pago de costes que uno debe asumir: lo importante es la potencia (esto es, la máxima demanda simultánea) que tiene contratada. Coloquialmente, se cargan los costes en la “parte fija” del recibo de la luz, aquélla que es independiente del consumo. En otras palabras: nos encaminamos hacia una tarifa plana de la energía eléctrica (al menos, en cuanto al consumidor doméstico se refiere).

Es sorprendente que la CNMC mantenga este esquema que claramente desincentiva el ahorro de energía. Tanto más cuando con nuestra elevadísima dependencia energética exterior, uno de los principales retos del país en materia energética es, precisamente, ser más eficiente en el uso de la energía.

A esta crítica, formulada por varios expertos, la propia CNMC responde que su metodología contempla exclusivamente el reparto de los costes de transporte y distribución de energía, que suponen “solo” el 35% de los costes de acceso, siendo éstos, a su vez, el 49% de los costes eléctricos totales antes de márgenes comerciales e impuestos. Argumenta, además, que las tarifas de potencia resultantes de su metodología son inferiores a las actualmente vigentes.

Veamos: para empezar, lo más probable es que el Gobierno decida repartir el 65% de costes de acceso restantes (principalmente retribuciones específicas de renovables, cogeneración y residuos así como amortizaciones del déficit de tarifa) de forma proporcional a los costes de redes; en todo caso, aunque no lo hiciera**, no me parece un argumento sólido de un regulador decir que en la parte que a él corresponde fijar “no toca” aplicar mecanismos que incentiven la eficiencia energética**.

Lo de que las tarifas actuales son superiores hay que enmarcarlo en un contexto en el que éstas han subido –en el caso de los consumidores domésticos– nada menos que un 92% en el último año. En números: en julio de 2013, contratar en casa un kW de potencia costaba algo menos de 22 € al año más impuestos, ahora cuesta algo más de 42 €. Con la nueva metodología, más de 26 € van a corresponder solo a la parte de redes eléctricas (el 17% del total de costes). Conclusión: el año pasado, estos precios habrían sido un escándalo: solo el coste de las redes hubiera sido superior al término “fijo” de la factura de la electricidad; ahora, tras una descomunal subida, el efecto queda mitigado; pero es muy probable que el precio de la potencia siga subiendo. Es más, me atrevo a pronosticar que de aquí a unos años veremos precios superiores a 50 € por kW y año en el ámbito doméstico.

¿Qué puede hacer el consumidor doméstico para evitarlo?

En una primera etapa, poco: naturalmente, reducir su potencia contratada a la mínima imprescindible. El problema principal, además, es que si la reducción es masiva la situación no mejorará, porque al disminuir la potencia total a repartir tocaremos a más € por kW contratado.

Normativamente –y he aquí la última contradicción– no hay ningún mecanismo para que el consumidor doméstico contribuya a reducir los costes del sistema. Si realmente éstos dependen del consumo en seis horas al año, la CNMC debería avisar de cuáles son éstas. Estoy seguro de que con estos precios muchos serían los que reducirían fuertemente su consumo en las mismas; es más, podría haberse aprovechado la instalación de los nuevos contadores “inteligentes” para permitir que, al menos, los consumidores domésticos pudieran contratar diversas potencias en los distintos periodos tarifarios (del mismo modo que hacen los industriales), de forma que garantizaran que durante las horas de máxima demanda ellos no estarían haciendo uso intensivo de la red.

No se ha hecho nada de esto. Se ve que no interesa. Se ve, sin embargo, que hay ciertos costes del sistema eléctrico que las empresas eléctricas –y lo más grave, ahora también el regulador– consideran fijos y que, en consecuencia, se repercuten sobre el consumidor más inelástico: el doméstico.

No me extraña que también durante este verano tanto Morgan Stanley como UBS hayan advertido del riesgo de colapso de los negocios tradicionales de las eléctricas en Europa debido a la desconexión de la red de los consumidores, que pasarían a autoabastecerse con sus propios paneles fotovoltaicos y baterías.

En resumen, creo que la CNMC dispone de mecanismos para promover un consumo más eficiente de energía y, a la vez, favorecer una transición ordenada a un modelo energético basado en la generación distribuida; pero, en mi opinión, debe rectificar. La continua subida del “término fijo” del “recibo de la luz” de los consumidores domésticos no me parece el camino correcto, sino todo lo contrario.

Jorge Morales de Labra es ingeniero industrial y director general de Geoatlanter y miembro de la Junta Directiva de la Sección Fotovoltaica de APPA.