El Tribunal de Cuentas ha recomendado a Enusa Industrias Avanzadas S.A (ENUSA) que revise, mediante Real Decreto, los elementos tributarios de la tasa que recae sobre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por la gestión de residuos radiactivos correspondientes al desmantelamiento de la Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado (Salamanca), que se le encomendó. Del mismo modo, no ha detectado errores o deficiencias en materia medioambiental.
Así se recoge en el informe de fiscalización de las actuaciones de ENUSA relacionadas con la protección del medio ambiente, en su ejercicio de 2013 y con actualización de la situación a 31 de diciembre de 2016, que este miércoles ha presentado el presidente del órgano, Ramón Álvarez de Miranda, en el Congreso.
En el texto, se insta a adecuar la actual regulación del fondo de financiación de las actividades del plan de gestión de residuos radiactivos de ENRESA, para que ENUSA le pueda transferir los recursos consignados durante toda la vida operativa de la instalación y, así, hacer frente a los costes que represente la gestión de los residuos radiactivos derivados de la futura clausura y desmantelamiento de la instalación.
Del mismo modo, se le recomienda modificar el contrato formalizado que ENUSA mantiene con ENRESA en esta materia y actualizar anualmente la información financiera del Fondo específico que gestiona esta última, para hacer frente, también, a los costes del ya mencionado desmantelamiento.
Para el portavoz socialista en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Antonio Hurtado, esta situación determina un "problema financiero" que, a su juicio, es el que implica que "no se concluya el trabajo que se ha encomendado" a ENRESA en las instalaciones de Salamanca.
El diputado, al igual que su homólogo de Ciudadanos, Vicente Ten, han mostrado su preocupación, en este sentido, acerca de otro de los datos presentados por el Tribunal de Cuentas en este informe.
Condiciones ventajosas
En concreto, los que se refieren a las normas de registro y valoración contable aplicables a las actuaciones medioambientales relativas a la minería y producción de concentrados de uranio, para los que la Entidad tenía dotada una provisión para cubrir los costes futuros de las labores de restauración, por importe de 30,3 millones de euros a finales de 2013 y de 31,3 millones en el cierre del ejercicio 2016.
"Respecto a las normas de registro y valoración aplicables a las actuaciones relativas a la fabricación de elementos combustibles, ENUSA disponía de una provisión para cubrir los gastos de gestión de los residuos generados por la Fábrica de combustible de uranio de Juzbado y los gastos que originará su desmantelamiento, por un total de 14,4 millones de euros al cierre de 2013", apunta el documento, que añade que estos saldos se elevaron a 16,1 millones en 2016, superando, a su juicio, "las necesidades de financiación estimadas para cubrir los costes previstos en el periodo 2010-2085".
"El Acuerdo sobre esta instalación alcanzado entre ENUSA y ENRESA, en 2004, resultó ser la solución más ventajosa económicamente, al no trasladar el correspondiente margen industrial a los costes de dicho desmantelamiento", ha indicado el presidente en su presentación.
Poca información medioambiental
Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos sobre esta materia, la diputada de IU Eva García Sempere, ha lamentado que el trabajo del Tribunal no se haya centrado más en materia medioambiental. "Se queda cojo", ha lamentado, para apuntar que el órgano tampoco recoge ninguna recomendación específica en materia medioambiental.
"Desconocemos si ha habido daños medioambientales causados con las actividades de esta central y los peligros que pudieron sufrir a consecuencia de las instalaciones y tampoco si se han llevado a cabo acciones para aminorar los riesgos", ha insistido la diputada, quien ha señalado que estas materias deberían "formar parte de la fiscalización.
Al respecto, el informe presentado por el órgano fiscalizador señala sólo que ENUSA acondicionó y confinó en estructuras estables, en sus respectivos emplazamientos, los residuos radiactivos que generó su propia actividad minera e industrial, a excepción de los procedentes de la Planta Quercus, cuyo acondicionamiento estaba pendiente.
El presidente del Tribunal ha reconocido que es "difícil" evaluar la normativa medioambiental por estar relacionada con la actividad económica del sector público. A su juicio, este informe debe complementarse con el de la última fiscalización de ENRESA y con el del fondo para la gestión de residuos radiactivos, porque tienen "cuestiones compartidas".
Finalmente, el Tribunal de cuentas realiza una recomendación a ENUSA para trasladar a la UTE, en calidad de partícipe mayoritario, la conveniencia de instar, en vía administrativa, la resolución de las diferencias surgidas en la explotación del Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Plan Zonal de Residuos de la Zona I de Castellón, o bien proceder a revisar los acuerdos de concesión, de forma que se garantice su viabilidad financiera y la recuperación de los capitales invertidos.
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