No me cabe duda de que ha tenido que ser extenuante la presión que las eléctricas deben de haber sometido al Gobierno para que éste haya aprobado el impopular decreto de autoconsumo a 70 días de las elecciones generales. Lo que no acepto es que se nos tome por tontos haciéndonos creer que la normativa de autoconsumo más restrictiva del mundo va a fomentar, como dijo el ministro Soria en la rueda de prensa posterior a su aprobación, el desarrollo de las energías renovables y de la generación distribuida.
Hagamos números: una instalación solar fotovoltaica diseñada para producir la energía eléctrica que consume una familia media en España cuesta unos 5.000 EUR, IVA incluido. Para esa misma familia, que está pagando algo más de 800 EUR al año en su factura “de la luz” y que no espera sino más subidas en el futuro, se trata de una inversión indudablemente atractiva sabiendo que los paneles tiene garantía de producción de al menos 20 años.
Al ser energía renovable, realizada de forma voluntaria sin ningún tipo de apoyo ni subvención por parte de los consumidores, estamos, sin duda, ante la mejor vía para transformar de una vez nuestro vetusto modelo energético. Algo que cualquier responsable de política energética del mundo en las últimas décadas no habría considerado ni en sus mejores sueños.
Es claro que, como la energía producida y la demandada no van a coincidir exactamente en todo momento, habría que seguir manteniendo —no en su totalidad, sino en parte, y cuanto más gente lo haga, cada vez menor— el sistema eléctrico actual. Con independencia de tecnicismos regulatorios, creo que resultaría aceptable para la mayoría de ciudadanos que, en lugar de ahorrarse la totalidad del recibo de la luz, nuestra familia que invirtiera en autoconsumo siguiera pagando una pequeña parte, pongamos, por ejemplo, un 30% para cubrir ese déficit de simultaneidad.
Digo que resultaría aceptable sabiendo que hay muchas normativas en el mundo (sin ir más lejos, en más de 40 Estados norteamericanos) que, reconociendo la enorme aportación en términos medioambientales, económicos y sociales del autoconsumo, permiten hoy la compensación de la totalidad del importe del recibo, incluso llegando a subvencionar parcialmente la instalación.
Lo que ha planteado el Gobierno es, en primer lugar, una innecesaria maraña de trámites administrativos cuyo coste fácilmente alcanza los 1.500 EUR y un insultante tratamiento de los excedentes que, salvo que nuestra familia se convierta en empresa, le obliga a regalarlos. En la práctica, este tratamiento conduce al autoconsumidor doméstico a invertir otros 5.000 EUR adicionales en baterías y equipamiento adicional asociado. En total, pues, la inversión de nuestra familia se ha más que duplicado para alcanzar los 11.500 EUR.
Jose Carlos García Pérez
14/10/2015