La Fiscalía mantiene sus peticiones de penas para la decena de acusados de defraudar 32 millones de euros del IVA de hidrocarburos en los ejercicios 2014 a 2016, según el informe de conclusiones al que ha tenido acceso EFE, que incluye penas de 12 años de prisión y multas que superan los 96 millones.
A lo largo del juicio que ha concluido este viernes en la Audiencia Nacional, ha quedado acreditada, según el ministerio público, la operativa seguida por Antonio Rodríguez Estepa, Isidro Veciana Escalzo y Jose Palma Ocaña a través de las sociedades Gold Petroleum y Anespi, a todos los cuales se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública.
El fraude del IVA
Se trata de una trama de fraude en el IVA en los sectores de la comercialización de hidrocarburos con destino a gasolineras en todo el territorio nacional y de productos electrónicos e informáticos, mediante su participación en un fraude carrusel intracomunitario de ventas de productos a otros países miembros de la Unión Europea.
Los hechos se desarrollaron durante los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 y las cuotas defraudadas ascienden a más de treinta millones de euros.
De acuerdo con la acusación mantenida, los acusados idearon una operativa fraudulenta con la finalidad de eludir el pago de ingentes cantidades en la liquidación del IVA de la actividad económica de compraventa de hidrocarburos que desarrollaron a través de las sociedades.
La compra de hidrocarburos
El objeto de aquellas era la adquisición de gasóleos y gasolinas dentro del depósito fiscal sin IVA, y su posterior venta por debajo de mercado con IVA, generando importantes cuotas a ingresar por dicho impuesto, que fueron sustancialmente reducidas a través de la deducción de las citadas cuotas no ingresadas con la participación en varios entramados criminales de fraude de IVA carrusel.
Para ello, se sirvieron de estructuras societarias asentadas en España y diferentes países de la Unión Europea, entre ellos, Portugal, Italia, Alemania, Hungría, Chequia o Bulgaria, con la finalidad de desarrollar una serie de actividades comerciales ficticias vinculadas a la compraventa de materiales preciosos y productos informáticos o electrónicos, que permitió defraudar a la Hacienda Pública ingentes cantidades de dinero.
Por todo ello, la fiscalía atribuye a los tres responsables y a las dos empresas tres delitos contra la Hacienda Pública a cada uno, con multas de 3.242.181 euros por el ejercicio 2014; 23.421.750 euros por el ejercicio 2015 y 69.342.075 euros por el ejercicio 2016.
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