El Cabildo de Fuerteventura ha mostrado su rechazo a que se utilice el suelo insular para reforzar el suministro eléctrico de otras islas, y ha pedido al Gobierno de Canarias que aclare las causas del incidente que provocó el apagón sufrido en Lanzarote y La Graciosa el pasado 3 de octubre.
En un comunicado, la presidenta del Cabildo majorero, Lola García (CC), ha pedido a la Consejería regional de Transición Ecológica y Energía que no ponga el foco en Fuerteventura al abordar dicho apagón, al tiempo que ha pedido que cada isla haga el mismo esfuerzo y aporte los mismos medios para garantizar su suministro.
"Si Lanzarote necesita un refuerzo de emergencia, que el Gobierno lo ponga en Lanzarote. Y si Fuerteventura lo necesita, que se ponga aquí para cubrir nuestras necesidades. Compartir un sistema eléctrico no da derecho a tratar nuestra isla como un solar disponible para resolver los problemas de otras islas", ha reclamado Lola García.
Se ha referido la presidenta insular a una reciente intervención parlamentaria del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata (PP), quien situó el origen de la incidencia en Lanzarote y La Graciosa en una avería en la subestación de Mácher, en Lanzarote, señalando que el déficit de generación de la isla aumenta la vulnerabilidad del sistema compartido.
La generación de Fuerteventura
En ese sentido, el Cabildo ha exigido que se hagan públicos los informes de Red Eléctrica y Endesa y que se aclare qué habría ocurrido en Fuerteventura si la avería no hubiera separado eléctricamente a ambas islas.
La Corporación insular ha recordado que el Gobierno de Canarias presentó las dos plantas provisionales que se están instalando en La Herradura, en Puerto del Rosario, como un refuerzo para atender el déficit de generación de Fuerteventura, por lo que ha pedido al Ejecutivo que aclare en qué condiciones se activarán estos grupos y qué convoque con urgencia el correspondiente procedimiento urgente para instalar grupos de emergencias en Lanzarote.
Por su parte, la consejera insular de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, cuestiona el uso que ha hecho el Gobierno de Canarias del mecanismo que le permite autorizar instalaciones energéticas al margen del planeamiento insular y municipal y sin tener en cuenta la posición de las administraciones locales.









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