Galicia ha dado luz verde a la controvertida Ley 2/2024, destinada a regular los beneficios sociales y económicos de los proyectos que explotan recursos naturales en la región. Aunque presentada como un hito para garantizar el desarrollo sostenible y equilibrado de la región, la implementación de la ley ha generado un fuerte rechazo entre las empresas del sector renovable presentes en la comunidad autónoma, quienes consideran que las medidas son un obstáculo para las inversiones.
La Ley 2/2024 establece un marco jurídico que regula aspectos sociales, económicos y ambientales vinculados a proyectos energéticos, hidráulicos y mineros. Inspirada en las directrices del Pacto Verde Europeo —según declara la Xunta—, busca alinear la transición energética con el desarrollo local y la protección de los ecosistemas.
Entre las medidas clave de la normativa destacan la obligación de destinar al menos el 50% de la electricidad generada por proyectos eólicos a empresas y consumidores gallegos, la valoración de los servicios ecosistémicos en las zonas de influencia de los proyectos, y la promoción de la participación de inversores locales y pequeños agentes económicos.
Según el texto de la disposición, el objetivo es asegurar que los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales de Galicia se redistribuyan de manera equitativa, reduciendo la dependencia energética y fomentando el desarrollo económico en las comunidades rurales afectadas por estas actividades.
Claves
De esta manera, la normativa aprobada incluye diferentes disposiciones que afectan a diferentes sectores clave: eólico, autoconsumo, servicios y créditos de carbono.
En lo que respecta a la energía eólica, se establece que los proyectos podrán ser declarados de especial interés social y económico si cumplen ciertos requisitos, como la venta de electricidad a precios competitivos en contratos de compraventa de energía (PPA) o si garantizan inversiones locales equivalentes a un mínimo de 0,2 millones de euros por cada megavatio (MW) instalado. Además, los parques eólicos que hayan alcanzado los 25 años de operación o la vida útil de diseño deberán modernizar sus instalaciones para mantener los permisos de operación. En el caso de la eólica marina, la ley establece un canon destinado a "mitigar el impacto en sectores afectados y a financiar la conservación ambiental".
En cuanto a autoconsumo energético, la ley promueve el desarrollo de proyectos de autoconsumo en áreas empresariales, eliminando barreras urbanísticas y facilitando acuerdos entre promotores y empresas locales para implementar sistemas energético colectivos.
Siguiendo con los servicios ecosistémicos, la Xunta introduce un sistema de compensación por los efectos ambientales de los proyectos, considerando factores como la biodiversidad, el secuestro de carbono y el mantenimiento del paisaje.
Asimismo, el Gobierno de la región propone la creación de un sistema voluntario de créditos de carbono para fomentar proyectos de absorción de emisiones, con especial énfasis en los beneficios adicionales a nivel social y ambiental para el territorio.
Reacciones
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha señalado que la obligatoriedad de destinar el 50% de la electricidad a consumidores locales, junto con otras restricciones, podría convertir a Galicia en una “zona de riesgo” para las inversiones. Desde su perspectiva, estas medidas añaden complejidad y reducen la competitividad de los proyectos en comparación con otras comunidades autónomas.
Por su parte, las comercializadoras de energía han mostrado su rechazo a la exigencia de repotenciar parques eólicos bajo condiciones que consideran poco claras y económicamente inviables. Estas empresas advierten que las disposiciones podrían desincentivar la modernización de infraestructuras, algo esencial para mantener la eficiencia del sector
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha salido al paso de las críticas defendiendo la ley como una herramienta esencial para garantizar el desarrollo sostenible de Galicia. “Las medidas se mantendrán, gusten o no al sector”, afirmó recientemente, subrayando que la normativa busca equilibrar los intereses de las empresas con los de las comunidades afectadas.
Rueda también destacó que el compromiso con el desarrollo local no puede ser visto como una barrera, sino como una oportunidad para que las empresas se alineen con las expectativas sociales y ambientales del siglo XXI. Según la Xunta, la ley es un paso valiente para asegurar que los recursos naturales gallegos sean una fuente de riqueza compartida y no una fuente de conflicto.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios