“La importancia del objetivo de eficiencia energética de la Comisión Europea del 30% para 2030 reside, fundamentalmente, en el impacto positivo que puede tener en la reactivación económica y en el crecimiento de la economía y el empleo, tanto a nivel local como al de la Unión Europea, y es consecuencia de que la eficiencia es un motor de innovación tecnológica que contribuye al avance de la generación descentralizada y el autoconsumo”. Así resume Javier García Breva, presidente de N2E, el que sería uno de los principales objetivos de la Comisión Europea en materia de eficiencia y ahorro energéticos.
Según García Breva, la menor demanda de combustibles fósiles derivada de la implementación de políticas de eficiencia energética reducirá los precios de la energía y cada 1% de ahorro energético supondrá una rebaja del 0,4% en el precio del gas y del 0,1% en el del petróleo. Para alcanzar el objetivo del 25% de eficiencia energética –ahora revisado hasta el 30%- sobre el que se había hecho la comunicación al Parlamento y al Consejo europeos, se calcula un coste anual de 2.000 millones de euros anuales, cuyo efecto se traduciría en un ahorro de 9.000 millones de euros anuales en importaciones de combustibles fósiles, equivalentes a un 2% menos de importaciones de petróleo y un 13% menos de las de gas. Y es que, como le gusta decir a la Agencia Internacional de la Energía (AIE), “la eficiencia es el primer combustible”, porque la eficiencia energética, se mire por donde se mire, es rentable.
Rehabilitación de edificios, el instrumento más eficaz
La comunicación de Bruselas insiste en varias ocasiones en señalar el papel fundamental de la eficiencia energética en edificios para la recuperación económica de la UE y la señala como el instrumento más eficaz para alcanzar el objetivo de eficiencia del 30%, por lo que propone incrementar el objetivo de rehabilitación por encima del 2% anual, con instrumentos financieros adecuados y accesibles. “El objetivo es poco ambicioso –dice Breva- pero sólo en España supondría la rehabilitación de 500.000 viviendas al año, lo que no está mal”.
España, precisamente tiene mucho que avanzar en este terreno. Solamente el 6% del parque de 10 millones de edificios existentes poseen la certificación energética y si lo valoramos en número de viviendas apenas representa el 2,5%. Y lo que es peor, el 99% de los edificios con certificación energética requieren actuaciones de eficiencia al tener una calificación entre las letras C y la G, pues solo el 1% ha conseguido la calificación B y el 0% la más alta que es la A, mientras el 85% se sitúan por debajo de la letra E. “Si se tiene en cuenta que la diferencia de consumo de energía entre la mejor calificación, que es la A, y la más baja, que es la G, es del 80%, la principal conclusión es que la rehabilitación energética de edificios debería ser una de las principales prioridades”, explica García Breva.
Pero, por desgrac ia, no es así. Y tan no es así, que en la última reforma eléctrica la eficiencia energética brilla por su ausencia. “Parece –dice García Breva- como si lo único que importara al legislador es garantizar los ingresos de las eléctricas”. El presidente de N2E considera que en los planes de reindustrialización de la economía española, la eficiencia energética puede y debe jugar un papel esencial. Y para ello considera que **es de vital importancia elaborar una ley de eficiencia energética, crear un fondo nacional de eficiencia y revisar la reforma eléctrica. **
En la UE hay, fundamentalmente, dos directivas que regulan la eficiencia energética: la de Eficiencia Energética de octubre de 2012, que tiene como objetivo la creación de un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética que permitan asegurar que los países de la Unión Europea conseguirán el 20% de ahorro energético en 2020, y la de Eficiencia Energética de Edificios, cuyo principal objetivo es que todos los edificios nuevos tengan un consumo de energía casi nulo, y fomenta la introducción de sistemas inteligentes de medición del consumo de energía. Una directiva clave ya que el sector de la edificación representa el 40% del consumo energético total de la Unión Europea (UE). “la trasposición de ambas directivas mediante la elaboración de una ley será clave, ya que de momento sólo se han traspuesto algunos aspectos de forma aislada”, explica García Breva.
Si este tema es importante, no lo es menos la creación de un Fon do Nacional de Eficiencia Energética. Este es un tema que se contempla en el artículo 7º de la directiva europea de Eficiencia Energética, que establece como objetivo la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, del 1,5 % de las ventas anuales de energía a clientes finales de todos los distribuidores de energía o empresas minoristas de venta de energía. El fondo se nutriría de estos recursos más, los procedentes de los fondos de la UE y la financiación bancaria, para la que la CE insta a los Gobiernos a que alcancen acuerdos con las entidades financieras.
Una reforma desincentivadora
Por último, García Breva considera imprescindible la revisión de la reforma eléctrica que, a su juicio, “no solo incumple las directivas europeas, sino que además, desincentiva el ahorro al incrementar los costes fijos con la nueva estructura de los peajes”. El término fijo financia aproximadamente el 70% del sistema, actuando de barrera para la eficiencia energética, que sólo podría actuar sobre el 30% restante, que corresponde a los costes de generación.
La guinda, según García Breva, sería la la implementación de unos incentivos fiscales adecuados, fórmula que, a su juicio, es “mucho más eficaz y más aconsejable que las subvenciones”, y que hace unos días apuntaba con gran acierto la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) , que apuntaba, entre otras iniciativas, un IVA de rehabilitación, deducciones en el IRPF por inversión en reformas de la vivienda, un IBI reducido si el inmueble es más eficiente en materia energética, reducción de las tasas y licencias de obras, menos impuesto de sociedades para las empresas que acometan proyectos de este tipo y definir un nuevo régimen fiscal para las comunidades de propietarios. En resumidas cuentas, en materia de eficiencia energética, está casi todo por hacer.
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