El director de la central nuclear de Santa María de Garoña, Miguel Ángel Cortes, ha asegurado a los alcaldes del entorno de la planta, parada desde diciembre de 2012, que "continúan manteniéndose las capacidades técnicas y organizativas con el objetivo de que el proceso sea reversible".
Varios responsables de Santa María de Garoña (Burgos) se han reunido con los alcaldes del entorno de la planta pertenecientes a la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), según ha informado en un comunicado de prensa Nuclenor, empresa propietaria de la central.
En esta reunión, según el comunicado, se ha afirmado a los alcaldes que "se están afrontando las tareas relacionadas con la situación administrativa de cese de actividad".
En la reunión periódica de los alcaldes se ha intercambiado información sobre la situación de la central, así como de las actividades que se desarrollan en los municipios de la zona, en el norte de la provincia de Burgos.
Entre otras cuestiones, se ha señalado en el encuentro que Nuclenor presentó el 24 de mayo la solicitud de renovación de la autorización de explotación hasta 2031 y que, para ello, la empresa deberá desarrollar los proyectos pendientes de ejecución que fueron exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Recurso al Supremo
Las Juntas Generales de Álava presentarán en los próximos días ante el Tribunal Supremo una demanda en la que solicitan que, mientras resuelve la denuncia contra el Real Decreto de Reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), se suspenda cautelarmente su actividad.
Fuentes del parlamento provincial alavés han precisado que las Juntas Generales presentaron el pasado mes de abril un escrito en el que anunciaban una demanda contra el Real Decreto que permite reabrir esta central nuclear, la más antigua de España, para dar respuesta a distintas mociones e iniciativas aprobadas por esta institución.
Esa petición ya fue admitida a trámite por el Alto Tribunal, por lo que ahora han considerado necesario formular una demanda en la que expresan su oposición al Real Decreto de reapertura de la central y reclaman además la suspensión cautelar de la actividad de la planta, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria, hasta que se dicte un fallo.
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