El Cabildo de Gran Canaria ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso que introduzcan una enmienda para ampliar, al menos hasta el próximo mes de noviembre, el plazo de ejecución de los proyectos financiados a través de las Estrategias de Energía Sostenible para Canarias y Baleares.
En un comunicado difundido, lL que permita culminar actuaciones de generación renovable, almacenamiento energético, autoconsumo, movilidad eléctrica y eficiencia energética ya en marcha, evitando que proyectos de elevado interés público queden incompletos por una mera limitación temporal.
El Cabildo argumenta que este ajuste del calendario es "imprescindible" para culminar inversiones estratégicas ya adjudicadas y en un avanzado estado de ejecución, evitando la pérdida de recursos europeos y asegurando el máximo retorno económico, energético y ambiental de los fondos europeos Next Generation.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha manifestado que "Canarias y el resto de islas comparten una realidad insular y ultraperiférica que complica los plazos: dependemos del transporte marítimo, sufrimos mayores tiempos de suministro y tramitaciones más complejas".
Gran Canaria y las inversiones energéticas
En opinión de Morales, "no se puede tratar igual a territorios con condiciones tan diferentes", por lo que ha defendido que la enmienda que solicitan "es una cuestión de justicia territorial y de respeto al esfuerzo que se está haciendo desde las instituciones, las empresas y los municipios para sacar adelante la transición energética".
Asimismo, ha afirmado que "de nada sirve paliar la ultraperificidad o la insularidad por un lado y castigar con una igualdad imposible de lograr por el otro", por lo que ha pedido "responsabilidad a los grupos parlamentarios para que apoyen esta iniciativa".
El Cabildo ha recordado que Canarias ha cumplido el hito comprometido con la Comisión Europea de incorporación de nueva potencia renovable, por lo que el objetivo europeo asociado a estas inversiones está alcanzado.
En este sentido, ha explicado que la ampliación del plazo no pretende modificar los compromisos asumidos por España con la Unión Europea, sino garantizar que los fondos ya asignados se traduzcan en el mayor número posible de proyectos finalizados y plenamente operativos al servicio de la ciudadanía.









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