Hatta Energy ha solicitado al Gobierno la "liberación inmediata de las reservas de carburantes comprometidas de forma oficial para paliar la inasumible escalada de los precios en las gasolineras", que afectan de forma directa a los bolsillos familias y pymes, después de que el IPC de septiembre haya cerrado en el 4,9% impulsado por los precios de la energía.
En un comunicado, el operador de hidrocarburos insta así al Ministerio para la Transición Ecológica "a cumplir sus compromisos y a activar de forma urgente la segunda fase del plan para aliviar los costes energéticos y favorecer el bolsillo de los consumidores finales".
El pasado mes de marzo, en plena escalada del precio de los carburantes tras el estallido de la crisis en Oriente Medio, el Gobierno se comprometió ante la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a sacar al mercado reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 12,3 días de consumo nacional.
Sin embargo, la compañía subrayó que, siete meses después, tan sólo se han liberado el equivalente a cuatro de esos 12,3 días -el 32,5% del total-, "manteniendo retenidos los 8,3 días restantes sin haber ofrecido ninguna explicación pública".
Así, el operador solicita poner en circulación los 8,3 días de consumo aún inmovilizados -1.240 millones de litros- "para beneficiar directamente a los consumidores finales y controlar los precios".
Hatta Energy consideró que el mantenimiento ininterrumpido de estas reservas retenidas "genera consecuencias económicas notables en diversos frentes" y afirmó que los datos que manejan las organizaciones empresariales concluyen que "mantener inmovilizado este producto conlleva gastos anuales de almacenamiento, seguro y financiación estimados en una media de 130 millones de euros anuales".
"Repercutido al surtidor, representa unos 157 millones de euros al año soportados por los consumidores, que, además, no se beneficiaron de la contención de precios que habría supuesto liberar la totalidad del stock", añadió al respecto.
Coste fiscal adicional
Igualmente, señaló que "se produce un coste fiscal adicional", ya que advirtió de que, en lugar de agotarse las reservas ya pagadas y almacenadas, "el Ejecutivo ha optado por aplicar rebajas tributarias (reducción del IVA e incentivos en el impuesto de hidrocarburos), lo que supone una pérdida de recaudación pública estimada en 939 millones de euros".









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