Hatta reclama al Gobierno medidas urgentes para "una libre competencia" y contener subida de los carburantes

Hatta Energy ha reclamado al Gobierno "medidas urgentes para una libre competencia plena" y contener la subida de precios del carburante en el actual contexto de crisis energética por el impacto del conflicto en Oriente Próximo, informó el operador de hidrocarburos.

En un comunicado, pidió al Ejecutivo "una libre competencia plena del mercado español que permita la circulación de producto sin cortapisas administrativas artificiales que generan embudos y una dañina caída de la oferta".

Hatta Energy mostró su preocupación por la escalada de precios de los carburantes que "soportan sobre todo los ciudadanos de a pie y las pequeñas empresas y consideró que está suponiendo "un problema estructural para la economía española y la viabilidad de las rutinas familiares".

A este respecto, estimó que el fuerte incremento del IPC de septiembre responde al incremento del precio de los hidrocarburos, lo que "obliga a abrir el mercado y a facilitar una mayor oferta que alivie los bolsillos de ciudadanos y pequeñas empresas".

La situación para Hatta

La empresa, con sede en Galicia, destacó que importa cada mes unos 200 millones de litros de gasóleo, que son "absolutamente decisivos para que haya suministro, equilibrar el mercado y el control de precios". "Si Hatta no existiera, los precios en España habrían provocado ya el colapso de buena parte de la economía", afirmó el consejero del grupo, Javier Alonso.

Por ello, la compañía lamentó que mientras la escalada de precios "beneficia a grandes operadores", lo lógico sería que desde el Gobierno se velara por "el principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido en el derecho de la competencia europeo, que exige que la intensidad de una exigencia regulatoria guarde relación con el riesgo real que pretende evitar, y no con el tamaño del operador al que se aplica".

En este sentido, criticó la configuración de la condición de "operador confiable" decretada por el Gobierno, ya que "la anticipación del 110% del IVA a las empresas que no son reconocidas, por meras barreras arbitrarias, para la etiqueta de confiable es una norma de dudosa legalidad, ya que destroza la libertad de empresa y la competencia alterando la legislación europea".