Iberdrola está dispuesta a aceptar las modificaciones recomendadas por la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México para la compra de la compañía PNM Resources, pese a estar "muy en desacuerdo" con sus conclusiones y los daños potenciales de los que advierte sobre la operación propuesta.
La autorización de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México es la única que falta para dar luz verde a esta operación, ya que ya cuenta con todas las autorizaciones federales en Estados Unidos y las del estado de Texas, e inicialmente estaba previsto que la transacción quedara cerrada en este segundo semestre.
La transacción tiene un valor de empresa de unos 7.000 millones de euros (8.483 millones de dólares), de los Iberdrola desembolsará 3.561,5 millones de euros y el resto corresponderá a la asunción de la deuda de PNM, y daría lugar a una de las principales empresas de energía de Estados Unidos, con diez empresas reguladas en seis estados, y la tercera empresa de energías renovables con operaciones en 24 estados.
En un escrito ante la Comisión Reguladora de Nuevo México, cuyo examinador ha propuesto rechazar la fusión entre Avangrid (filial estadounidense de Iberdrola) y PNM por implicar más inconvenientes que ventajas, Iberdrola y Avangrid dicen que la transacción propuesta beneficia "enormemente" a Nuevo México y a sus habitantes, por lo que están dispuestas a aceptar todas las modificaciones recomendadas en una estipulación de la Comisión del pasado 4 de junio.
Afirman que, aunque requerir una mayoría de directores independientes en PNM no es necesario ni beneficioso para los clientes, si la Comisión de Regulación determina que es necesario, lo aceptarán.
Además, dicen que los beneficios de esa operación de compra son significativamente más altos que en cualquier otra fusión de servicios públicos en la historia del Estado, y "superan los riesgos identificados" por la Comisión.
Consideran incorrecto lo que ésta dice de que se han negociado cambios para satisfacer el interés de partes individuales y que, por tanto, puede no ser de interés público.
Iberdrola cifra los beneficios cuantificables de la operación y de los compromisos regulatorios asociados en más de 300 millones de dólares (unos 265 millones de euros) en forma de créditos y financiación de tarifas de clientes, así como de financiación de desarrollo económico y otros programas.
Añade que hay numerosos compromisos de desarrollo económico, ambientales y regulatorios adicionales, cuyo impacto en términos monetarios no está cuantificado, pero que brindan beneficios a los clientes de PNM, las comunidades donde opera la compañía y el estado de Nuevo México en su conjunto.
Asimismo, señala que lo que la Comisión describe como "riesgos" se basa en hecho inexactos, especulaciones y carecen del "contexto adecuado".
En el escrito, se describen los beneficios de los compromisos regulatorios que adquiere Iberdrola, que sólo se producirán si se aprueba su propuesta, como los 94 millones de dólares (unos 83 millones de euros) de beneficios en la tarifa general para el cliente).
Además, no pedirá una revisión de tarifas antes del 31 de diciembre de 2022, como propone la Comisión, lo que supone una permanencia de seis meses más de las tarifas respecto a lo acordado previamente.
Iberdrola y su filial Avangrid también se comprometen a crear en tres años 150 puestos de trabajo a tiempo completo en Nuevo México y mantenerlos durante cinco años, así como a no hacer despidos forzosos (salvo en la planta de carbón de San Juan, cuyo cierre ya está planificado) ni reducir salarios ni beneficios a los empleados en tres años.
Señalan que la operación mejorará las métricas crediticias de PNM, ya que Avangrid extinguirá toda la deuda al cierre de la operación, al tiempo que dicen, frente a las dudas manifestadas por la Comisión, que los beneficios financieros han sido verificados por terceros.
La sede de PNM se mantendrá en Nuevo México mientras Avangrid sea el propietario, que será un mínimo de diez años, según el escrito, que alega que los fallos en el servicio de compañías de Avangrid en otros lugares de Estados Unidos están siendo resueltos.
CASO VILLAREJO
En cuanto al rechazo de la operación por la Comisión Reguladora de Nuevo México, alegando la investigación que se sigue contra Iberdrola en España en una pieza del caso Villarejo, el escrito dice que "la investigación es de amplio alcance e involucra a muchas empresas y particulares en España", pero no se han presentado cargos contra ejecutivos de Iberdrola y nadie ha sido condenado.
Por eso, dice que sería "inapropiado y perjudicial extraer inferencias negativas en este caso, asumiendo un resultado o irregularidades debido a esta investigación".
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