El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el retraso en la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva "no tiene por qué" afectar al proceso de venta de las plantas de A Coruña y Avilés de Alcoa.
El estatuto no ha sido aprobado en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales de este domingo tras el dictamen emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre el proyecto de real decreto que lo contenía.
En él, el 'macrorregulador' pide analizar en mayor detalle todos los mecanismos de apoyo recogidos desde la normativa europea de ayudas de estado, no ve adecuado limitar la condición de consumidor electrointensivo al nivel de tensión, y tampoco ve operativa la atribución de funciones otorgada simultáneamente al Ministerio para la Transición Ecológica y a la propia CNMC.
"Tan pronto como sea posible", pero no en funciones
Blanco ha justificado que estas recomendaciones debían ser incorporadas en el estatuto y que por ello, pese a la urgencia en la tramitación de este decreto, no podrá ver a la luz hasta la constitución de un nuevo Gobierno, tras las elecciones del 28 de abril. "Es complicado, hay que analizarlo, pero habría que esperar a la constitución de un nuevo Gobierno", ha dicho.
En este sentido, ha asegurado que el compromiso para aprobar un estatuto para este tipo de industrias "se mantiene plenamente", que espera poder sacarlo adelante "tan pronto como sea posible" y que "la mejor garantía" para su aprobación es "una mayoría amplia" en el Congreso resultante de los comicios del domingo.
"Si hay una mayoría amplia, y se constituye el Gobierno, el compromiso sigue adelante", ha abundado Blanco, que ha explicado que el dictamen condiciona la definición de las empresas que pueden ser beneficiarias en el estatuto y ciertos instrumentos existentes que deben especificarse y analizarse dentro de la normativa comunitaria.
Hay "voluntad" para los 200 millones
No así, por ejemplo, los mecanismos de compensación por ayudas a las emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2) que, ha señalado el responsable de Industria, ya han tenido su ejecución --la última, un montante de 91 millones imputables a los costes registrados en 2018-- y ha subrayado que "hay voluntad de llegar a los 200 millones, que es lo máximo que permite la Unión Europea".
Respecto al proceso de venta de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés, Blanco ha señalado que entiende como "normal" que "haya nerviosismo", ante los puestos de trabajo que hay en juego, pero que "el compromiso" del Gobierno "ha sido total" en la búsqueda de una solución, un proceso en el que participa el Gobierno con empresa y sindicatos con los que la comunicación al respecto es "permanente".
En todo caso, ha recalcado que el estatuto de la industria electrointensiva "no es para resolver una situación concreta". "Va a servir para acero, cemento, papel, química... Un marco estable para la industria electrointensiva, que era muy necesario, además de acompañar posibles procesos de inversión, como es el de Alcoa", ha dicho.
"No nos ha dado tiempo"
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha esgrimido que el Ejecutivo lanzó "en tiempo récord" la consulta sobre un estatuto de industrias electrointensivas que, ha criticado, "había estado abandonado durante muchos años".
Entre las alegaciones recibidas a este decreto, ha dicho, la de la CNMC señala que "algunas de las acciones pueden estar sujetas al control de ayudas públicas por parte de la Comisión Europea". "Eso es lo que nos ha impedido dar el paso final en ese proceso", ha explicado.
En todo caso, ha destacado que "el compromiso del Gobierno y la actitud proactiva para resolver los problemas industriales y, sobre todo de las personas, es clara y notoria en estos diez meses", y ha defendido que el Gobierno "se ha comprometido desde el primer día" en la resolución de crisis industriales como la de Alcoa, pero también en otras como Vestas, Cemex o Isowat, involucrándose en la búsqueda de inversores.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha justificado el retraso en que la CNMC ha pedido al Gobierno "revisar algunos contenidos" del decreto. "Los ministerios de Industria y Transición Ecológica siguen trabajando para este Estatuto, pero no nos ha dado tiempo. Ha habido muchas cosas que no han dado tiempo", ha dicho.
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