La caída del precio del carbono en la UE amenaza con trasladar a los contribuyentes los costes de la CAC

Las previsiones de un debilitamiento del precio del carbono en la Unión Europea están ampliando el déficit de financiación de los proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CAC). Esta situación amenaza con trasladar parte de la factura de las empresas contaminantes a los contribuyentes, al tiempo que reduce los ingresos disponibles para impulsar la descarbonización industrial, según un nuevo análisis del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA).

El coste de la CAC en la UE

El IEEFA calcula que capturar, transportar y almacenar 50 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año supondría un coste de 351.000 millones de euros a lo largo de 25 años. Este escenario ilustrativo se corresponde con la escala del objetivo de inyección de CO₂ fijado por la UE para 2030.

Los ingresos derivados del precio del carbono solo permitirían cubrir una parte de esa factura. Tomando como referencia las previsiones publicadas en agosto de 2026 por el banco neerlandés ABN AMRO, el IEEFA estima que el déficit de financiación alcanzaría los 142.000 millones de euros. La cifra supone un incremento del 38% respecto a los 103.000 millones calculados a partir de las hipótesis que el banco manejaba en mayo, sin que hayan cambiado los proyectos ni sus costes.

ABN AMRO rebajó su previsión para 2030 del precio del carbono de 138 euros por tonelada, estimada en mayo de 2026, a 91 euros en agosto. Este último escenario contempla la aplicación íntegra de la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE) propuesta por la Comisión Europea.

Unos precios del carbono más bajos dejan a los promotores de proyectos de CAC ante un importante agujero financiero que deberán cubrir mediante una reducción de costes, el encarecimiento de los precios industriales, una menor rentabilidad empresarial o un mayor respaldo de las administraciones públicas. Cada vez hay más indicios de que la UE apuesta por esta última vía: aumentar la intervención pública para compensar los efectos de un precio del carbono que, al mismo tiempo, pretende contener.

“Si los gobiernos debilitan el precio del carbono, prolongan la asignación gratuita de derechos de emisión a la industria y después subvencionan su descarbonización, la carga financiera se desplaza cada vez más desde las empresas contaminantes hacia el conjunto de la sociedad”, advierte Andrew Reid, analista de financiación energética para Europa del IEEFA y autor del informe.

Preocupados por la pérdida de competitividad de la industria

La propuesta comunitaria responde a la preocupación por la pérdida de competitividad de la industria europea. Para hacerle frente, la Comisión ha planteado la creación de un Banco de Descarbonización Industrial, dotado con 100.000 millones de euros, así como un mayor reintegro de los ingresos del mercado de emisiones al sector industrial.

"Unos precios más bajos del carbono pueden proteger a la industria frente a unos costes elevados, pero también reducen los ingresos de los gobiernos disponibles para financiar la descarbonización de esos mismos sectores y preservar su competitividad a largo plazo", señala Reid.

Sin embargo, las ayudas públicas tampoco eliminan los riesgos tecnológicos asociados a la CAC. Un análisis anterior del IEEFA concluyó que el 66% de los volúmenes de captura previstos en Europa dependía de tecnologías que aún se encontraban en fase de demostración precomercial o en etapas de desarrollo inferiores. Además, los proyectos de CAC ya operativos o en construcción han sufrido retrasos en su puesta en marcha y sobrecostes.

La UE se enfrenta así al riesgo de comprometer cantidades cada vez mayores de dinero público en tecnologías que siguen siendo costosas y cuyo despliegue a gran escala continúa rodeado de incertidumbre.