La cogeneración reclama al Gobierno que acelere la publicación de la convocatoria y confirme definitivamente el calendario de la primera subasta destinada a renovar estas instalaciones, prevista para el próximo 10 de diciembre, ante la incertidumbre generada por el adelanto electoral anunciado en la víspera.
“Cinco años después del anuncio, las empresas necesitan condiciones definitivas”, ha reclamado el presidente de ACOGEN, José Ignacio Castillo, durante el XXII Congreso Anual de Cogeneración, organizado por ACOGEN y COGEN España. El sector pide además habilitar una retribución transitoria que permita mantener operativas hasta 2031 las plantas que hayan agotado o agoten su vida útil retributiva, siempre que continúen cumpliendo los requisitos de eficiencia energética.
La petición se produce en un momento crítico para la cogeneración. Entre 2019 y 2025, la producción de estas instalaciones se redujo a la mitad y su aportación a la generación eléctrica nacional pasó del 12% al 6%, según los datos trasladados por el sector.
Durante el último lustro, unas 300 plantas, con una potencia conjunta de 2.300 MW, han dejado de operar tras agotar su vida retributiva mientras esperaban un marco para su renovación y ante la falta de medidas que permitieran prolongar su actividad. ACOGEN estima que estas paradas han supuesto una pérdida de competitividad de unos 1.800 millones de euros anuales de facturación energética industrial.
La primera subasta, prevista para el 10 de diciembre
El Gobierno aprobó el pasado junio el real decreto que establece la adjudicación de 1.200 MW para renovar la cogeneración existente mediante centrales de alta eficiencia que utilicen gas natural o, por primera vez, biomasa, y que estén preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable.
La hoja de ruta contempla dos subastas de 600 MW cada una, previstas para 2026 y 2027, con las que se asignará un régimen retributivo específico a las instalaciones de cogeneración. La primera está fijada para el 10 de diciembre, aunque el sector reclama que la convocatoria y el calendario definitivo se confirmen cuanto antes.
El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha recibido el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y analiza ahora tanto sus conclusiones como las alegaciones presentadas durante la tramitación de la convocatoria.
El subdirector general de Energías Renovables del Ministerio, Jesús Ferrero, ha asegurado que el departamento ha trabajado hasta ahora con el horizonte de diciembre, aunque ha reconocido la necesidad de garantizar un margen suficiente entre la aprobación de la resolución y la celebración de la subasta para que las empresas puedan preparar proyectos sólidos.
“Somos conscientes y hemos recibido muchos 'inputs' de que conviene dejar un plazo suficiente entre que se apruebe la resolución y la fecha”, ha explicado Ferrero durante el congreso.
El responsable de Transición Ecológica ha señalado además que el Ministerio está tratando de encontrar un equilibrio entre las distintas alegaciones recibidas, dado que algunas de ellas plantean posiciones contrapuestas. “A veces entran en conflicto, así que hay que encontrar ese equilibrio”, ha apuntado.
El riesgo de nuevos cierres
Para el sector, el problema no se limita al retraso en la convocatoria. El tiempo necesario para ejecutar las nuevas inversiones, estimado en unos cuatro años, puede dejar a numerosas instalaciones en un periodo de incertidumbre entre el final de su actual régimen retributivo y la entrada en funcionamiento de las nuevas plantas.
A ello se suma la elevada demanda de equipos y componentes procedente de sectores como la aviación, la defensa y los centros de datos, que puede tensionar los plazos de suministro y ejecución de los proyectos de renovación.
En este contexto, otras 100 instalaciones, con una potencia conjunta de unos 1.000 MW, agotarán su vida útil retributiva entre 2026 y 2029. ACOGEN y COGEN España advierten de que, si no se completan las inversiones y no se establecen medidas que garanticen la continuidad de la actividad, dos de cada tres podrían estar paradas antes de que finalice la década.
Por ello, las asociaciones plantean establecer una retribución por extensión de vida útil que permita mantener operativas hasta 2031 las instalaciones que hayan agotado o vayan a agotar su vida retributiva mientras acometen las inversiones necesarias para su renovación.
La medida pretende cubrir el periodo de transición hasta la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones y evitar que las plantas tengan que cerrar por el mero agotamiento de su régimen retributivo antes de poder acceder al nuevo esquema de apoyo.
El objetivo último del sector es preservar la actividad industrial y el empleo vinculados a estas instalaciones, al tiempo que se mantiene su contribución a la generación distribuida y a la seguridad de suministro durante el proceso de renovación del parque de cogeneración.
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